Más de 100 organizaciones de la sociedad civil, entidades empresariales, colegios de abogados y referentes del ámbito jurídico lanzaron una campaña nacional para reclamar modificaciones en el sistema de selección de jueces. Bajo la consigna “Por una justicia independiente”, buscan limitar el peso de las entrevistas personales en los concursos y fortalecer los criterios objetivos de evaluación.
La iniciativa apunta al Consejo de la Magistratura de la Nación y propone modificar el reglamento vigente para reducir la incidencia de las instancias discrecionales en la selección de magistrados. En particular, las organizaciones solicitan que la entrevista personal tenga un máximo de 20 puntos sobre el resultado final, en línea con una propuesta presentada por la Corte Suprema.
El planteo sostiene que reducir el margen de discrecionalidad es necesario para garantizar la independencia judicial y asegurar que los nombramientos se realicen en función de los méritos de cada postulante. Los impulsores también vinculan ese objetivo con la seguridad institucional necesaria para promover inversiones, crecimiento económico y generación de empleo.
El reclamo retoma una propuesta presentada en marzo por los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que busca limitar la influencia de las entrevistas personales en el puntaje de los concursos. Sin embargo, el proyecto todavía no avanzó dentro del Consejo de la Magistratura.
Uno de los cuestionamientos centrales apunta a que las entrevistas pueden modificar significativamente el orden de mérito establecido a partir de los exámenes escritos y los antecedentes académicos. Según advierten los impulsores de la campaña, ese mecanismo permite que candidatos con calificaciones inferiores en las primeras etapas alcancen posiciones favorables para integrar las ternas que luego se elevan al Poder Ejecutivo.
La campaña también se difundió bajo la consigna #MasMeritoMasJusticia y cuenta con una petición pública en la plataforma Change.org. En su comunicado, las organizaciones sostienen que, aunque la Constitución exige idoneidad, independencia y eficacia en la designación de jueces, actualmente se utilizan criterios diferentes para determinar quiénes acceden a las entrevistas personales.
Según plantearon, esas instancias terminan definidas por evaluaciones discrecionales que pueden dejar sin efecto el mérito obtenido durante el concurso. Por eso, reclaman que el Consejo de la Magistratura respete el orden de mérito surgido de los exámenes y los antecedentes de los aspirantes.
Entre las organizaciones adherentes se encuentran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Red de Acción Política (RAP), el Club Político Argentino, Poder Ciudadano, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
También respaldan la iniciativa entidades empresariales como el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).
Entre los juristas y constitucionalistas que adhirieron figuran Roberto Gargarella, Daniel Sabsay, María Angélica Gelli, Juan Carlos Cassagne y Antonio María Hernández.
La campaña cuenta además con el acompañamiento de dirigentes políticos y personalidades públicas de distintos espacios, entre ellos Rogelio Frigerio, Esteban Bullrich, Hernán Lacunza, Ernesto Sanz, Ramón Lanus, Luciano Laspina, Juan Manuel López, Nicolás Massot, Gabriela Michetti, Graciela Ocaña, Omar Perotti, Federico Pinedo, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y María Eugenia Talerico, entre otros.
