El Estado argentino dejaría de recaudar unos US$ 2.855 millones durante 2026 como consecuencia del contrabando y la subfacturación de importaciones, según un informe privado que analizó 15 sectores de la economía. El monto equivale al 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) y, de acuerdo con el relevamiento, también representa la pérdida potencial de 11.300 puestos de trabajo formales.
El impacto de estas prácticas será uno de los temas que se debatirán en la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). La entidad fabril, además, participó la semana pasada de un acuerdo con el Gobierno y distintas plataformas digitales para coordinar acciones contra el comercio ilegal.
El estudio elaborado por la consultora MAP advierte que la pérdida de recursos públicos podría ser todavía mayor si se incorporaran actividades sobre las que actualmente no existen datos suficientes para medir el fenómeno.
Para dimensionar el impacto, el informe compara los US$ 2.855 millones estimados con distintos ingresos tributarios: equivalen a la recaudación total de impuestos internos, 1,6 veces lo obtenido por Bienes Personales, el 10% de los ingresos por Ingresos Brutos de las 24 provincias, el 55% de las retenciones y el 56% del impuesto a los combustibles.
La consultora también calculó qué podría financiarse con esos recursos. Según sus estimaciones, permitirían construir unas 2.400 escuelas, 120 centros ambulatorios de salud o 2.250 kilómetros de rutas nacionales.
El director de MAP, Juan Pablo Ronderos, sostuvo que el problema dejó de ser coyuntural y se convirtió en una dificultad estructural para distintos sectores. Si bien respaldó la apertura comercial y la simplificación económica, cuestionó lo que definió como una desregulación excesiva en determinados ámbitos.
El informe también señala el deterioro de la posición argentina en distintos indicadores internacionales. El país ocupa el puesto 120 entre 158 naciones en el índice de comercio ilícito sectorial Tracit 2025. Además, se ubica entre los 20 países con mayor comercio ilícito de bienes gravados, según el indicador de criminalidad asociado a esa actividad de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).
Entre los factores que habrían contribuido al crecimiento del fenómeno, MAP menciona cambios en los mecanismos de fiscalización implementados en 2024. Ese año se eliminó el control documental y físico obligatorio, conocido como canal rojo, para textiles, calzado y productos con medidas antidumping. También dejaron de utilizarse los valores criterio de importación, una herramienta que permitía detectar posibles casos de subfacturación antes del despacho de la mercadería.
Actualmente, el control de valor se realiza de manera posterior y selectiva. A esas modificaciones se suman problemas de larga data, como tecnología de fiscalización obsoleta y falta de capacitación del personal en puertos y fronteras.
Ronderos advirtió que el comercio ilegal mantiene una presencia significativa incluso en un contexto de retracción del consumo. Según explicó, se trata de una práctica que logró consolidarse y encuentra mecanismos para sostenerse pese a la reducción de la demanda.
Los sectores más afectados
El relevamiento de MAP abarcó 15 actividades, en las que el contrabando o la subfacturación representan entre el 10% y el 83% del mercado. La consultora también advirtió sobre las consecuencias para los consumidores, que pueden quedar expuestos a productos sin garantía, posibles fraudes y riesgos para la salud y la seguridad. Para las empresas formales, el impacto se traduce en pérdida de ventas y competencia desleal.
La perfumería árabe encabeza los niveles de comercio ilegal: el 83% del mercado corresponde a productos de contrabando. Le siguen los celulares, con una participación del 40%, y los juguetes, con el 33%.
En el sector textil, el 30% de las importaciones estaría subfacturado, una proporción similar a la registrada en marroquinería. En televisores, el porcentaje alcanza el 25%, mientras que en pequeños electrodomésticos llega al 22%.
Otros rubros también presentan niveles significativos: el 17% del calzado no deportivo se importa con valores declarados inferiores a los reales; en línea blanca, la proporción es del 16%. Los agroquímicos y la yerba mate registran un 15% de comercio ilegal, mientras que las bebidas espirituosas alcanzan el 13%. En tabaco y neumáticos, la participación es del 11%, y en calzado deportivo, del 10%.
En términos de recaudación perdida, las bebidas espirituosas concentran el mayor impacto, con unos US$ 1.400 millones. En segundo lugar aparece la indumentaria, con US$ 470 millones, seguida por los celulares, con US$ 255 millones, y los cigarrillos, con US$ 230 millones.
El resto de los sectores presenta las siguientes pérdidas estimadas: agroquímicos, US$ 205 millones; neumáticos, US$ 55 millones; juguetes, US$ 50 millones; yerba mate, US$ 50 millones; calzado no deportivo, US$ 40 millones; calzado deportivo, US$ 40 millones; marroquinería, US$ 25 millones; línea blanca, US$ 13 millones; perfumes árabes, US$ 10 millones; televisores, US$ 6 millones; y pequeños electrodomésticos, US$ 5 millones.
Acuerdos para controlar el comercio ilegal
La preocupación por el contrabando también quedó reflejada en otro estudio de Insight LAC, que estimó que el comercio ilícito representa el 5,06% del PBI argentino. A diferencia del relevamiento de MAP, ese trabajo analizó el impacto general del fenómeno sobre la economía.
La semana pasada, el Gobierno, cámaras empresariales y plataformas digitales firmaron un acuerdo para coordinar acciones contra el contrabando, el fraude marcario, la falsificación y otras modalidades de comercio ilegítimo.
Entre los participantes estuvieron Mercado Libre, Meta, Frávega y Cetrogar, además de la UIA, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara de Importadores (CIRA), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte).
El avance del comercio ilegal y su impacto sobre la recaudación, el empleo y la producción formal volverán a formar parte de la discusión industrial, en un escenario en el que las entidades empresariales reclaman mayores controles y herramientas de fiscalización.
