La presentación fue encabezada por Missouri y se realizó bajo la figura de *amicus curiae*, un mecanismo que permite a terceros interesados acercar argumentos a la Justicia sin incorporarse formalmente al litigio. Los fiscales generales de los estados firmantes pertenecen al Partido Republicano, con excepción del representante de las Islas Marianas del Norte, que es independiente.
La composición política del grupo fue señalada por Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro, quien consideró que la ausencia de representantes demócratas podría restarle fuerza al planteo. “Todos los fiscales generales estatales que lo firman son republicanos (solo el de las Islas Marianas es ‘independiente’). La ausencia de demócratas no es decisiva pero lo torna menos persuasivo”, escribió en una publicación en X.
El documento sostiene que el tribunal de apelaciones interpretó incorrectamente la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos, conocida como FSIA. Según los firmantes, la decisión permitió que la legislación argentina impidiera a los demandantes obtener una reparación ante los tribunales estadounidenses.
Sebastián Maril, analista de Latam Advisors especializado en el litigio por YPF, explicó que los estados advierten sobre las consecuencias que podría tener ese criterio judicial en otros procesos. Según señaló, consideran que el fallo del Segundo Circuito podría convertirse en una referencia para que gobiernos extranjeros eviten cumplir sentencias estadounidenses mediante la aprobación de leyes internas que los favorezcan.
Como antecedente, el escrito menciona las demandas que Missouri y Mississippi impulsaron contra China por presuntas prácticas comerciales perjudiciales durante la pandemia de coronavirus. Los fiscales generales sostienen que una interpretación similar a la aplicada en el caso YPF podría dificultar futuros reclamos judiciales contra gobiernos extranjeros.
Soler, sin embargo, cuestionó el fundamento jurídico de la presentación y afirmó que parte de una interpretación equivocada de la decisión del tribunal neoyorquino. “La premisa del argumento es falsa: La Cámara sí ejerció su competencia, pero falló a favor de nuestro país aplicando el derecho de fondo argentino (societario y ley general de expropiaciones), el único relevante para resolver una disputa entre accionistas sobre el incumplimiento del estatuto de una sociedad argentina, algo en lo que han coincidido todas las partes y todos los jueces que intervinieron en el litigio”, sostuvo.
El expediente podría sumar nuevas intervenciones en las próximas semanas. De acuerdo con Maril, se esperan otros escritos de *amicus curiae*, tanto en respaldo de los demandantes como de la posición argentina.
También permanece pendiente una posible intervención del procurador general de Estados Unidos, John Sauer, quien anteriormente se desempeñó como fiscal general de Missouri. Su opinión podría tener relevancia en la evaluación del caso ante la Corte Suprema.
Maril recordó que el procurador general expresa su posición cuando el máximo tribunal se la solicita, una práctica habitual en litigios que involucran a Estados soberanos. Como antecedente, mencionó el caso de Noel Francisco, quien ocupó ese cargo durante la primera presidencia de Donald Trump y se pronunció en contra de la Argentina en 2018.
