De acuerdo con el estudio, en julio se destruyeron 12.700 empleos privados registrados, lo que representa una contracción mensual del 0,2%. La caída superó la registrada en junio, cuando se habían perdido 6.000 puestos. En términos interanuales, el sector acumula una reducción de 134 mil trabajadores, equivalente al 2,1%. Actualmente, el empleo privado registrado ronda los 6,1 millones de personas, un nivel similar al de mayo de 2014.
La pérdida de puestos también alcanza al conjunto del empleo formal. Durante julio se eliminaron 9.100 empleos registrados y, en los últimos 12 meses, la reducción llegó a 155 mil. Desde noviembre de 2023, la caída acumulada asciende a 370 mil puestos, al incluir trabajadores privados, públicos y del servicio doméstico. La incorporación de 4.700 empleados públicos durante julio compensó solo parcialmente la disminución del sector privado.
Uno de los aspectos destacados del informe es la diferencia entre la evolución de la actividad económica y la del mercado laboral. Mientras la producción se ubica un 2,2% por encima de noviembre de 2023, el empleo privado retrocedió un 4,2%. De esta manera, la mejora de algunos indicadores de actividad no se tradujo en un aumento equivalente de los puestos de trabajo.
La industria manufacturera y el comercio figuran entre los sectores más afectados. En julio, la industria perdió 2.800 empleos registrados y el comercio, otros 3.800. Desde septiembre de 2023, la industria acumula casi 95 mil puestos menos, de los cuales 51 mil corresponden al último año. Además, registró caídas mensuales en 33 de los últimos 35 meses.
La construcción tampoco muestra una recuperación sostenida. En julio eliminó 2.200 puestos y acumuló una pérdida de 94 mil empleos desde mayo de 2023. Con alrededor de 377 mil trabajadores registrados, el sector se mantiene en niveles de ocupación reducidos en comparación con gran parte de su serie histórica, excluidos los registros correspondientes a la pandemia y a la reciente fase de contracción.
La caída del empleo también se extendió por distintas regiones del país. Durante julio, el trabajo privado registrado disminuyó en 17 provincias. Buenos Aires concentró la mayor pérdida, con 8.000 puestos menos, seguida por Mendoza, con 1.600, y Santa Fe, con 1.400. Desde noviembre de 2023, solo Neuquén y Río Negro lograron incrementar sus niveles de empleo privado registrado.
El deterioro laboral se combina con una pérdida significativa del poder adquisitivo. Según el informe, el salario mínimo se ubicó en septiembre en $383.800, luego de acumular una caída real del 40,8% desde noviembre de 2023. De acuerdo con los datos presentados, su capacidad de compra es incluso inferior a la registrada en 2001, antes de la crisis de la convertibilidad.
Los salarios públicos también sufrieron una reducción de su poder adquisitivo. Desde noviembre de 2023, perdieron un 15,3% de su capacidad de compra. En el sector privado, el índice salarial del Indec registra una caída real del 2,3% durante el mismo período, pese a la recuperación observada en agosto.
Las dificultades también aparecen en las percepciones de los trabajadores. Un estudio de Bumeran indica que el 87% considera que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, frente al 85% registrado el año anterior. Además, el 73% afirma que su sueldo alcanza para dos semanas o menos, mientras que apenas el 9% señala que puede cubrir los gastos de todo el mes.
El endeudamiento constituye otro indicador de la presión sobre los hogares. Según la encuesta, el 77% de los trabajadores tiene deudas, frente al 72% del año anterior, y nueve de cada diez aseguran que no pueden ahorrar. Entre los principales gastos, el alquiler ocupa el primer lugar, mencionado por el 44% de los encuestados, seguido por la alimentación, con el 27%.
Los datos del empleo, los salarios y el endeudamiento muestran las dificultades que enfrentan los hogares para sostener sus gastos cotidianos. Incluso entre quienes conservan un puesto registrado, la pérdida de poder adquisitivo limita la capacidad de llegar a fin de mes, en un contexto en el que la evolución de los indicadores de actividad económica no se refleja de la misma manera en el mercado laboral y en los ingresos de la población.
