El fiscal general del estado había demandado a Meta en 2021, después de que se revelara que la consultora británica había recopilado información personal de hasta 87 millones de usuarios de Facebook mediante una aplicación de terceros. El estado acusó a Meta de mentir a los usuarios de Facebook en Nuevo México respecto a quién tenía acceso a sus datos, cómo gestionaba la empresa el discurso de odio y la desinformación en su plataforma, así como otras políticas internas.
El estado señaló que la empresa era consciente de que terceros tenían acceso amplio a los datos personales y que toleraba contenido dañino cuando esto resultaba beneficioso para su rentabilidad.
El 25 de septiembre, el jurado concluyó que 26 de las 29 afirmaciones formuladas por la empresa y sus directivos sobre estos temas eran engañosas. También determinó que la empresa había violado más de 43 millones de veces las leyes de protección al consumidor de Nuevo México, basándose en la cantidad de usuarios de Facebook o residentes del estado que conformaban la audiencia de cada declaración engañosa.
La legislación estatal permite imponer sanciones de hasta US$5.000 por infracción, destinando la totalidad de los fondos recaudados al sistema educativo de Nuevo México, explicó el fiscal general del estado, Raúl Torrez, tras el veredicto.
En una audiencia del 1 de octubre, Randi McGinn, abogada del estado, había solicitado al juez que fijara una indemnización entre US$35.000 millones y US$40.000 millones, argumentando que esto estaba respaldado por las garantías constitucionales sobre el debido proceso y el veredicto del jurado.
“Este tribunal debería comunicarse con Meta en el único lenguaje que entiende, que es el dinero y el valor de sus acciones”, resaltó McGinn.
En sus presentaciones ante el tribunal, Meta solicitó que se limitara la sanción a US$3.450 millones, argumentando que una multa más alta podría disuadir a las empresas de operar en el estado. La defensa alegó que las pruebas demostraron que Meta no comercializa los datos de sus usuarios y que Nuevo México no demostró que algún consumidor hubiera sido realmente engañado.
