El retroceso volvió a poner en el centro del debate la posibilidad de que la economía ingrese en una recesión técnica y abrió interrogantes sobre la necesidad de aplicar medidas de estímulo y sobre las condiciones que enfrentará el programa financiero de 2027.
Entre los sectores que explicaron la caída mensual se destacaron la industria manufacturera y la construcción, con retrocesos del 5% y 4,6%, respectivamente. La acumulación de datos negativos dificulta las perspectivas de recuperación en el corto plazo y aumenta el riesgo de una contracción durante el tercer trimestre.
El escenario se suma a la caída de 0,6% registrada por el PBI durante el segundo trimestre. Según las estimaciones citadas en los análisis privados, para evitar dos trimestres consecutivos de contracción sería necesario que la actividad creciera alrededor de 3% mensual durante agosto y septiembre, con un incremento acumulado cercano al 6,1%.
Las proyecciones de crecimiento también fueron revisadas a la baja. Una de las estimaciones redujo su previsión para el año al 1,5% y consideró que el ingreso en una recesión técnica constituye un riesgo concreto. A su vez, el índice líder de la Universidad Torcuato Di Tella estimó en agosto una probabilidad del 82% de que la economía entre en recesión durante los próximos meses.
El desempeño de la actividad también genera interrogantes sobre la evolución de los ingresos fiscales. Entre los factores observados por los analistas aparece la posibilidad de que una menor expansión económica afecte la recaudación y complique el equilibrio de las cuentas públicas.
En ese marco, también se plantea la necesidad de sostener las condiciones de estabilidad alcanzadas y complementarlas con medidas de estímulo focalizadas. La inversión acumula cinco trimestres consecutivos de retroceso y representa alrededor del 15% del PBI a precios corrientes.
El consumo enfrenta además el impacto de la pérdida de poder adquisitivo y de la reducción del empleo formal. Durante el segundo trimestre registró una caída trimestral del 2,4%. La inversión, por su parte, mantiene una trayectoria descendente y podría estar atravesando una etapa de espera vinculada con el escenario electoral.
El gasto público representa otro condicionante. La reducción de la recaudación obliga a mantener el ajuste necesario para preservar el superávit primario, lo que a su vez genera un efecto contractivo sobre la actividad.
Desde el Gobierno, la estrategia económica apunta a que la recuperación sea impulsada por las exportaciones netas, mediante un incremento de las ventas externas y una reducción de las importaciones. Sin embargo, los análisis citados señalan que esta dinámica se concentra actualmente en un grupo limitado de sectores, sin trasladarse de manera significativa al conjunto de la economía.
La debilidad de las actividades vinculadas con la industria, el comercio y la construcción también tiene consecuencias sobre las cuentas públicas, debido a que se trata de sectores con una elevada utilización de mano de obra y una importante incidencia tributaria.
Durante agosto, los ingresos del Sector Público Nacional registraron una caída real interanual del 1%, mientras que el gasto disminuyó 0,4%. A pesar de la baja en los recursos, el resultado fiscal se mantuvo positivo, con un saldo de $1,99 billones y un superávit acumulado equivalente al 1,1% del PBI en lo que va del año.
La necesidad de preservar ese resultado adquiere especial importancia en los meses previos a diciembre, período en el que habitualmente aumenta el gasto por el pago de aguinaldos.
La debilidad de la actividad también tuvo impacto sobre la percepción de los inversores respecto de la deuda argentina. En los últimos días, el rendimiento del Global 2035 llegó al 11% en el exterior, su nivel más elevado desde las elecciones de 2025.
A la evolución de los bonos se sumaron el comportamiento de las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense y el aumento del riesgo país, que pasó de la zona de los 400 puntos a superar los 570 puntos en poco más de dos meses.
En este contexto, también surgieron dudas sobre el acceso de la Argentina al financiamiento internacional antes de las elecciones. Esa situación podría aumentar la presión sobre las reservas del Banco Central y modificar las necesidades previstas en el programa financiero de 2027.
El esquema presentado por el Ministerio de Economía ya contemplaba una presión significativa sobre las reservas. Según una de las estimaciones citadas, si las condiciones del mercado no permiten colocar US$5.000 millones en Bonares durante 2027, la presión sobre las reservas podría superar los US$12.600 millones, salvo que el Gobierno consiga otras fuentes de financiamiento.
Así, la evolución de la actividad durante los próximos meses quedará vinculada al comportamiento del consumo y la inversión, la capacidad de sostener el resultado fiscal, el nivel de exportaciones y las condiciones de acceso al financiamiento en moneda extranjera.
