El organismo tendrá tiempo hasta el 1° de diciembre de 2026 para elaborar un documento técnico con recomendaciones sobre la regulación de tarifas y derechos operativos. El objetivo es establecer criterios que permitan dar mayor previsibilidad y transparencia a los distintos actores que participan de la actividad aerocomercial en el país.
La coordinación estará a cargo de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, bajo la órbita de la Secretaría de Transporte. En la mesa participarán la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), junto con representantes de las compañías aéreas comerciales y otras entidades estatales vinculadas con el sector.
También formarán parte del espacio entidades privadas relacionadas con la actividad aerocomercial, entre ellas la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (JURCA).
La propuesta contempla un proceso de análisis y discusión durante 2026, en el que los distintos participantes podrán aportar elementos para definir mecanismos de determinación de tarifas y derechos vinculados con la operación aérea.
Para establecer el marco de trabajo, la Secretaría de Transporte tomó como referencia el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago en 1944, además de los manuales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) relacionados con servicios aeroportuarios y navegación aérea.
El Gobierno apunta, a partir de esta revisión, a mejorar las condiciones de las rutas aéreas nacionales e internacionales y a considerar tanto el funcionamiento de los operadores como los intereses de los pasajeros.
La fecha prevista para la presentación del documento final es el 1° de diciembre. La resolución contempla, de todos modos, una extensión automática de hasta 30 días hábiles si fuera necesario realizar estudios económicos adicionales antes de completar las recomendaciones.
Una vez terminado, el documento tendrá carácter técnico y consultivo y será remitido a las autoridades correspondientes para su análisis y eventual adopción. La creación de la mesa no implicará un gasto presupuestario adicional para el Estado nacional.
