La medida fue desarrollada junto con Banco Provincia y busca evitar que el movimiento de dinero de terceros genere saldos a favor en las empresas del sector. Se trata de recursos que las inmobiliarias reciben, conservan o transfieren en el marco de operaciones de compraventa, alquileres y otros servicios vinculados con la actividad, pero que no forman parte de sus propios ingresos.
Hasta ahora, las acreditaciones de esos fondos podían quedar alcanzadas por el régimen de recaudación aplicado sobre los movimientos bancarios. Como consecuencia, una inmobiliaria podía sufrir retenciones sobre montos que en realidad correspondían a sus clientes y acumular créditos fiscales que luego debía compensar o reclamar mediante los mecanismos previstos.
El nuevo esquema contempla cuentas específicas destinadas exclusivamente a la administración de recursos ajenos. La herramienta permite separar esos movimientos de las operaciones habituales de la empresa y diferenciar el dinero de los clientes de los fondos propios de la inmobiliaria.
En el caso de una compraventa, las cuentas pueden utilizarse para centralizar pagos o fondos vinculados con la intermediación. En las operaciones de alquiler, pueden concentrar los cobros y las posteriores transferencias entre las partes. En ambos casos, el dinero administrado no pasa a formar parte del patrimonio de la empresa intermediaria.
La exclusión apunta así a evitar que las acreditaciones de terceros sean consideradas ingresos propios a los efectos del régimen de recaudación. De esta manera, se busca reducir las diferencias entre el volumen de dinero que circula por las cuentas bancarias y los ingresos que efectivamente corresponden a la actividad de la inmobiliaria.
La aplicación del beneficio no será automática para cualquier cuenta utilizada por una inmobiliaria. ARBA estableció requisitos que deberán cumplir los agentes de recaudación para solicitar la autorización correspondiente y aplicar la exclusión sobre las cuentas que se encuentren dentro del esquema.
El procedimiento permitirá identificar las cuentas destinadas específicamente a administrar fondos de terceros y mantener diferenciados esos recursos de los pertenecientes a las empresas.
La medida forma parte de una línea de simplificación tributaria impulsada por ARBA, orientada a reducir cargas administrativas y financieras y a corregir distorsiones generadas por los regímenes de recaudación.
En el caso del sector inmobiliario, el objetivo es que la utilización del sistema bancario para administrar dinero de clientes no genere retenciones sobre recursos que no constituyen ingresos de las empresas encargadas de gestionarlos.
