La medida se lleva adelante pese a que el exfuncionario se negó a entregar una muestra de su voz. Además, el peritaje fue reprogramado para hoy, luego de que inicialmente hubiera sido fijado para el 22 de julio.
El objetivo del análisis es determinar el origen y la autenticidad de los audios en los que se mencionan presuntos sobornos y sobreprecios y que dieron lugar a la investigación por posibles hechos de corrupción dentro del organismo.
Los peritos deberán establecer si los archivos fueron manipulados, editados o sometidos a cortes y si se utilizó tecnología de inteligencia artificial, incluida la clonación de voz o la síntesis automática.
A través de su defensa, Spagnuolo había comunicado que no aportaría una muestra de voz por considerar que esa exigencia vulneraría su derecho constitucional a no autoincriminarse.
Como alternativa, el fiscal federal Franco Picardi propuso utilizar como material de comparación cuatro entrevistas públicas en las que participó Spagnuolo. La fiscalía también señaló que las grabaciones cuestionadas no fueron el origen del expediente ni se utilizaron para fundamentar las acusaciones contra el exfuncionario y los demás imputados por la presunta asociación ilícita.
La defensa de Spagnuolo cuestionó la autenticidad de los audios y sostuvo, a partir de un peritaje particular presentado en el expediente, que contienen 18 microcortes y que fueron manipulados y modificados mediante inteligencia artificial.
Además, el abogado Mauricio D’Alessandro afirmó que la investigación se sustenta en una declaración realizada por Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei, quien permanece detenido en Bolivia acusado de intentar cometer un femicidio contra su expareja, Nadia Beller.
Según planteó D’Alessandro, Beller habría respaldado la hipótesis de la defensa sobre una presunta operación de inteligencia y la alteración de las grabaciones. El abogado sostuvo que, de acuerdo con esa versión, los audios serían falsos y buscarían perjudicar principalmente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, a quien se le atribuyen afirmaciones que, según la defensa, Spagnuolo nunca realizó.
El letrado también señaló que Cerimedo se presentó ante el fiscal Picardi pocos días después del inicio de la causa y aseguró haber escuchado a Spagnuolo realizar afirmaciones coincidentes con el contenido de los audios. A partir de esa declaración, el fiscal dispuso un allanamiento en la vivienda de Daniel María Garbellini, señalado como el segundo de Spagnuolo. De su teléfono se obtuvieron elementos que luego fueron incorporados al expediente.
En la causa ANDIS se investigan presuntas irregularidades en contrataciones y compras de medicamentos realizadas por el organismo. Entre los delitos bajo investigación figuran administración fraudulenta, estafa, cohecho, cohecho activo y asociación ilícita, entre otros.
Hasta el momento, hay cerca de 20 personas procesadas, entre ellas Spagnuolo. En las grabaciones se atribuye al exfuncionario una voz que conversa sobre porcentajes vinculados a supuestas coimas, además del manejo de fondos y sus posibles destinos.
El juez Lijo rechazó el planteo del exfuncionario para evitar una nueva toma de voz y autorizó que el peritaje avance independientemente de que Spagnuolo preste o no su colaboración. El magistrado consideró contradictoria la posición de la defensa, que cuestiona la autenticidad de las grabaciones pero, al mismo tiempo, propone la intervención de un perito particular.
Los abogados de Spagnuolo sostienen que obligarlo a generar una muestra de voz implicaría forzarlo a producir una prueba que podría utilizarse en su contra y, por lo tanto, afectaría la garantía constitucional contra la autoincriminación. También argumentaron que la voz no puede ser equiparada con elementos materiales estáticos, como una huella dactilar o una muestra de ADN, porque su obtención requiere una acción consciente y voluntaria del imputado.
