Los datos muestran una marcada diferencia entre la cantidad de personas afectadas y el volumen de dinero involucrado. El 17% de los morosos tiene deudas inferiores a $100.000 y cerca del 40% registra obligaciones por debajo de los $400.000. En el extremo opuesto, el 14,5% de los deudores concentra el 73% del total de la deuda impaga.
Los bancos reúnen la mayor parte del capital en mora, con el 65% del monto total. Dentro de ese porcentaje, el 45% corresponde a entidades privadas y el 20% a bancos públicos. En el sistema bancario privado, la deuda atrasada mediana alcanza los $1.458.000.
La composición de las personas con deudas en mora muestra, sin embargo, una participación importante de otros tipos de prestamistas. Las plataformas de comercio y pagos en línea concentran el 19% de los individuos en situación de atraso, aunque representan apenas el 2,9% del monto total adeudado. En este segmento, la deuda mediana es de $116.000.
Los créditos rápidos otorgados por entidades no bancarias reúnen al 22,6% de los morosos y representan el 7,7% del capital en atraso. La deuda mediana en este grupo se ubica en $500.000 y la tasa promedio de morosidad alcanza el 52%.
Por su parte, los comercios y las tarjetas no bancarias, entre ellos locales de electrodomésticos y supermercados, concentran al 35% de las personas con atrasos y el 14% del monto adeudado. Dentro de este segmento, el 17,8% de las deudas ya se encuentra en carteras destinadas a recupero.
Uno de los datos más relevantes aparece entre los jóvenes de 18 a 25 años. En este grupo, la cantidad de deudores aumentó un 38%, mientras que la tasa de morosidad pasó del 24,7% al 40,8%. La deuda atrasada mediana entre los jóvenes alcanza los $282.000.
El análisis también muestra que la mayoría de las personas en mora mantiene obligaciones con pocas entidades. El 50% debe dinero a una sola entidad, mientras que el 90% tiene deudas con un máximo de tres.
El estudio plantea además que la morosidad no presenta una relación directa con variables como la pobreza o el desempleo. Entre los factores asociados aparecen la pérdida de poder adquisitivo, una mayor flexibilización de los criterios de riesgo en el sector no bancario y la carga impositiva aplicada al crédito.
Según el análisis, impuestos como el IVA, Sellos e Ingresos Brutos pueden incrementar el costo financiero entre un 25% y un 40%, elevando el peso de las obligaciones para quienes acceden a este tipo de financiamiento.
