La iniciativa enfrenta expectativas vinculadas con la inversión y la generación de empleo con preocupaciones por el posible impacto de la actividad sobre el ecosistema costero del Atlántico Sur. Las islas tienen una población de aproximadamente 3.500 habitantes y cuentan con aguas ricas en kril y calamares, además de poblaciones de lobos marinos, elefantes marinos, delfines, ballenas y cinco especies de pingüinos.
El proyecto es impulsado por Unity Marine, una compañía integrada por una empresa pesquera local y una firma danesa. La propuesta contempla producir hasta 50.000 toneladas de salmón por año en 16 sitios, lo que constituiría el mayor desarrollo industrial costero de la historia del archipiélago.
Un estudio encargado por el gobierno de las islas estimó que una producción de 30.000 toneladas anuales podría generar unos 35 millones de libras esterlinas por año para la economía local, equivalentes a casi US$48 millones y al 11% del Producto Bruto Interno del territorio. También calculó la creación de 133 puestos de trabajo.
Frente a estas proyecciones, una organización integrada por residentes que se oponen al proyecto pidió que la decisión final quede en manos de la población mediante un referéndum. El grupo cuestiona además la consulta pública iniciada el 7 de agosto y prevista hasta el 30 de octubre.
Una de las principales objeciones está vinculada con la información disponible para evaluar el impacto ambiental. Los opositores sostienen que parte de los informes oficiales utiliza datos proporcionados por Unity Marine que no pueden ser verificados de manera independiente y advierten sobre la falta de información suficiente respecto de los efectos de la actividad.
Entre los riesgos señalados se encuentran el impacto de los residuos generados por la producción de salmón sobre los bosques de algas y las zonas de desove del calamar. También cuestionan que todavía no exista una determinación científica sólida sobre la capacidad de carga ambiental, es decir, la cantidad de peces que podrían criarse sin alterar el equilibrio del ecosistema.
Los críticos del proyecto también plantearon dudas sobre los costos regulatorios y los mecanismos previstos para manejar eventuales mortandades masivas de peces, un problema registrado en otras regiones donde se desarrolla la salmonicultura.
El gobierno local, por su parte, mantiene una posición neutral respecto de la iniciativa. Las autoridades señalaron que los estudios encargados tienen como objetivo aportar información para analizar distintos escenarios y no implican la aprobación definitiva de un proyecto específico.
Según la explicación oficial, el informe sobre capacidad de carga fue solicitado para mostrar cómo podría aplicarse un proceso de modelización a un eventual proyecto, pero no para establecer cuál sería la capacidad real de producción de las islas. En cuanto a los costos regulatorios, el gobierno sostuvo que todavía no pueden determinarse debido a la etapa en la que se encuentra el proceso.
El proyecto tiene además antecedentes legales. En 2022, las autoridades habían rechazado la instalación de una granja de salmón. Posteriormente, Unity Marine inició una revisión judicial al considerar que debía realizarse una consulta previa. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo que dejó sin efecto aquella decisión y permitió avanzar con el procedimiento de consulta que actualmente está abierto.
Desde la empresa impulsora sostienen que no se solicitó una autorización inmediata para comenzar a operar, sino que se dio tiempo a las autoridades para estudiar la viabilidad de la cría comercial de salmón a gran escala. La compañía también señaló que el gobierno solicitó un plan de negocios indicativo para evaluar las posibilidades comerciales del proyecto.
La empresa considera que el proceso todavía se encuentra en una etapa de investigación y que una eventual decisión debería contemplar estudios independientes, consultas públicas y una evaluación de impacto ambiental. Ese análisis debería determinar si los riesgos ambientales pueden ser mitigados y si los beneficios económicos previstos pueden concretarse.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el 30 de octubre, mientras los residentes que se oponen al proyecto buscan avanzar con un referéndum. El debate combina las expectativas de inversión y generación de empleo con las advertencias sobre el posible impacto de una actividad de gran escala en el ecosistema costero de las islas.
