Los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky firmaron la resolución en la que toman a su cargo el conflicto de competencia que persiste desde el inicio de la causa.
Se admitió la queja presentada por la defensa de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes son señalados como presuntos testaferros de Toviggino y aparecen como propietarios de la mansión. La defensa, a cargo del abogado Mariano Morán, argumenta que el traslado del expediente infringe la garantía constitucional del juez natural, ya que cambia el tribunal encargado de asumir el caso sin contar con una sentencia firme. Tras la negativa a su recurso de casación, decidieron presentar un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, que será discutido en audiencia pública.
Recientemente, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, remitió el expediente a la Justicia porteña, específicamente a la jueza en lo Penal Económico N.º 10, Verónica Straccia, luego de que la Cámara en lo Penal Económico confirmara que ella debía proseguir con la investigación.
Pantano y Conte figuran como propietarios de Real Central S.R.L., la empresa que posee un terreno de aproximadamente cinco hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar. Durante distintas diligencias en la propiedad, se encontraron 54 vehículos de lujo, instalaciones ecuestres, caballerías y un helipuerto. Los peritos valuaron el terreno en 20 millones de dólares.
Los investigadores indicaron que ni Pantano ni Conte poseen un perfil patrimonial correspondiente a la compra del inmueble, lo que lleva a suponer que podrían haber actuado como testaferros de Toviggino.
La causa ha estado marcada por una prolongada disputa de competencia entre diferentes tribunales que se extiende por siete meses. Se originó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, donde se llevaron a cabo las primeras diligencias y se ordenaron los allanamientos en la propiedad. Luego, el caso pasó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, que era dirigido por Marcelo Aguinsky.
Posteriormente, a raíz de un pedido de inhibitoria de Pantano ante el Juzgado Federal de Campana durante la feria de enero, el camarista Alberto Lugones trasladó el caso al juzgado de González Charvay, aunque esta decisión fue revocada el 15 de mayo por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
Finalmente, el 12 de junio, la Cámara en lo Penal Económico resolvió que la causa debería quedar en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, presido actualmente por Straccia.
La defensa de Pantano y Conte procuró apelar esta resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal, pero su pedido fue rechazado por la Cámara en lo Penal Económico. Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio consideraron que la resolución sobre la competencia no era una sentencia definitiva ni impedía la continuación del proceso.
Con la aceptación del planteo por parte de Casación, se abre ahora un nuevo capítulo en esta causa.
