La acción judicial fue impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que invocaron el artículo 1711 del Código Civil y Comercial para promover una acción preventiva por presunto daño ambiental y soberano de incidencia colectiva.
Además de la demanda principal, las organizaciones solicitaron una medida cautelar de carácter urgente para frenar las actividades vinculadas con el proyecto y evitar que continúe el desarrollo de las perforaciones.
El planteo se presenta luego de que el Gobierno nacional volviera a colocar la cuestión Malvinas en el centro de su discurso tras las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Javier Milei sostuvo que se trataba de un hecho relevante para “la causa más importante y sagrada de los argentinos”.
La presentación judicial cuestiona, al mismo tiempo, la falta de una respuesta estatal frente al desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la zona. El proyecto Sea Lion está impulsado por empresas extranjeras y contempla el inicio de la producción en marzo de 2028, con una proyección de alcanzar los 50.000 barriles diarios hacia 2032.
Los denunciantes sostienen que las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas en las islas no tienen validez frente al Estado argentino y que tampoco reemplazan las evaluaciones y permisos exigidos por la legislación nacional.
La denuncia también advierte sobre las posibles consecuencias jurídicas de la falta de respuesta argentina frente a las actividades desarrolladas en el área. En ese sentido, sostiene que los silencios estatales pueden producir efectos en el ámbito del derecho internacional.
El reclamo tiene además antecedentes judiciales. En 2015, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se presentó una denuncia penal contra empresas que realizaban actividades de exploración de hidrocarburos sin autorización argentina en la plataforma continental. La causa continúa en trámite ante el Juzgado Federal de Río Grande y derivó en embargos y pedidos de secuestro de buques vinculados con esas operaciones.
Daniel Filmus, quien en ese momento estaba a cargo de la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, recordó que aquella presentación se basó en una modificación legislativa que estableció sanciones penales para la explotación de hidrocarburos en territorio argentino sin autorización del Estado.
Según explicó, la normativa no menciona expresamente a las islas porque la Constitución Nacional establece la pertenencia argentina de los territorios reclamados. En ese momento, Navitas Petroleum todavía no formaba parte del proyecto.
El segundo capítulo se produjo durante la gestión de Alberto Fernández. En ese período, Navitas Petroleum se incorporó al proyecto y aportó capital para su reactivación. En 2020, el Gobierno argentino notificó a la empresa que desarrollaba actividades sin autorización y le solicitó que abandonara el proyecto.
En 2021, las secretarías de Energía y de Malvinas iniciaron un proceso de sanciones contra Navitas Petroleum, Chrysaor Holdings Limited y Harbour Energy por sus actividades en la Cuenca Malvinas Norte.
La discusión volvió a tomar relevancia a partir de las declaraciones de Trump sobre Malvinas. Filmus consideró que el posicionamiento estadounidense podría estar vinculado con intereses propios en su relación con el Reino Unido y sostuvo que el conflicto dejó de ser abordado únicamente desde la perspectiva de la soberanía argentina.
