Los planes del Gobierno para la infraestructura vial: proyectos de autopistas en debate

Una de las funciones más sencillas para un administrador en temas de tráfico es identificar los puntos de congestión, dado que los sistemas de medición de flujo son accesibles y eficaces. Así fue como, cuando los ministros solicitaron información a Vialidad Nacional sobre las “obras urgentes”, la ubicación de los problemas fue presentada en cuestión de minutos. Actualmente, el Gobierno está desarrollando un complejo proceso de licitación para ampliar la infraestructura vial, que marcará la cuarta fase tras la entrega a concesionarios de los primeros 9000 kilómetros de rutas en las tres etapas anteriores. El mapa que se ha logrado obtener y que constituye la base de las nuevas licitaciones abarca proyectos y actualizaciones en casi todas las provincias, excepto en Misiones, Tierra del Fuego y, lógicamente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al observar el esquema, se pueden distinguir cuatro áreas de enfoque donde se concentra la mayoría de las rutas. La primera y más relevante, en términos de extensión, es la que circunda el complejo energético que conecta Vaca Muerta en Neuquén con el puerto de Bahía Blanca. El segundo grupo está situado en la región central, al norte de Córdoba y en una red de rutas que enlazan las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. Luego, se encuentran Salta y Jujuy, donde dos caminos, uno de los cuales está en proceso de ampliación, facilitarán la conexión con la frontera de Bolivia. Asimismo, se planifican obras en nodos importantes, tales como los puertos de la zona de Rosario y Santa Fe, así como en partes de Entre Ríos, área de extracción de arena que se transporta a Vaca Muerta, y en la Patagonia, donde se prevén corredores y concesiones en rutas cercanas a Rawson, Trelew y Puerto Madryn, además de la región aledaña a Comodoro Rivadavia. Para aclarar, las licitaciones actuales, que se están adjudicando en este tiempo, corresponden a antiguas concesiones de la empresa estatal Corredores Viales. De los 9000 kilómetros en este proceso, 3000 ya son autovías, mientras que de los 6000 restantes, solamente se anticipa la construcción de 300 kilómetros de rutas de cuatro manos, por lo que las empresas que resulten ganadoras probablemente solo realizarán tareas de bacheo. De hecho, no tienen obligación de realizar otras obras, ya que los pliegos apenas exigen que las rutas se mantengan en condiciones de “transitabilidad”, un criterio subjetivo que será evaluado por Vialidad Nacional, el organismo que, al final, se salvó de la restructuración de la administración del presidente Javier Milei. En resumidas cuentas, su única responsabilidad será el bacheo. Las licitaciones de las rutas nacionales, muy esperadas por gran parte del interior del país, se transformaron en una notable desilusión para los usuarios de los corredores. El sector productivo, por su parte, no escatimó en críticas al revisar los pliegos, los cuales evidencian un enfoque de solo reparación de baches y aumento de peajes. Actualmente, el sistema vial en las rutas nacionales abarca 39 estaciones de peaje distribuidas en 10 tramos. El esquema que se privatizará sumará 50 nuevos puntos de cobro que se autorizó instalar en las rutas troncales que están en proceso de licitación. En este paquete se proyecta la construcción de tramos de autopistas, autovías, duplicación de calzadas o un tercer carril, dependiendo del flujo de tránsito. No obstante, parte de estas obras se incluyen en el conjunto que se licita en estos días y que, según estimaciones del Gobierno, representa el 80% del tráfico vial argentino. Un porcentaje significativo de los kilómetros de esta nueva etapa será entregado al sector privado, sacándolos así del mantenimiento que actualmente lleva a cabo Vialidad. La intención del Gobierno es que este organismo abandone dichas tareas de mantenimiento o construcción para centrarse en funciones administrativas. Estas rutas, que aparecerán marcadas en azul en el mapa, no necesariamente serán concesionadas a las empresas a cambio de peaje; en muchos casos, que aún no se han determinado, el Tesoro pagará por el servicio al concesionario, considerando que este enfoque resulta más económico que mantenerlas bajo la gestión de Vialidad. El mapa en el que se trabaja es provisional, ya que se están llevando a cabo consultas con varios organismos y gobernadores para definir el proyecto de licitación final. La incógnita sobre cuántos kilómetros se incluirán fue abordada por el ministro de Economía, Luis Caputo, hace poco más de un mes en un evento en la Bolsa de Comercio de Rosario. “A los 9000 kilómetros que están en proceso de concesión les vamos a agregar 12000 kilómetros adicionales, entre algunos que haremos doble mano y otros con pasos alternativos, y algunos que vamos a rehacer. El mapa vial para el final del mandato va a parecer que estamos en otro país. Esto va a ser un cambio”, declaró. En la actualidad, se encuentra en marcha el proceso de concesión de aproximadamente 9000 kilómetros que anteriormente pertenecían a la empresa estatal Corredores Viales. A través de este esquema, que ha sido subdividido en varias etapas, ya se adjudicó la ruta del Mercosur (12 y 14) a una constructora mendocina, cuyos ejecutivos están involucrados en el caso Cuadernos. Las otras licitaciones se encuentran en diversas etapas del concurso, donde compiten las principales constructoras del país, la mayoría bajo investigación y con varios ejecutivos confesos. El tramo más extenso, que ha sido ganado por una empresa del Grupo Cartellone, cuyos dueños y directivos también están implicados en la causa Cuadernos, ha obtenido el permiso para instalar una nueva cabina en la zona de Paso de los Libres, cerca de la frontera con Brasil, sumándose a las cuatro ya existentes. Desde el 1° de julio, la gestión privada de la ruta 5, conocida como Tramo Pampa, que conecta Mercedes con Santa Rosa, está a cargo de Construcciones Electromecánicas del Oeste, una firma mendocina que habitualmente es adjudicataria de numerosos proyectos en la provincia gobernada por el radical Alfredo Cornejo. Asimismo, ha comenzado la gestión privada del Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, que incluye la Autopista Ezeiza – Cañuelas y las rutas 3 y 205, ahora administrada por un consorcio integrado por las empresas Concret Nor, Marcalba, Coarco y Pose, varias de ellas también con antecedentes en la causa Cuadernos. Sin embargo, como se mencionó, este esquema no contempla prácticamente la construcción de nuevas autopistas ni proyectos significativos, limitándose sobre todo al mantenimiento de la calzada y de las estaciones de peaje, además de la posibilidad de utilizar los terrenos adyacentes. El cobro se establecerá mediante un peaje que rondará los $3500 por cada 100 kilómetros, considerando valores de junio del año pasado, y podrán cobrarse durante 30 años, según un sistema de actualización estipulado en los pliegos. No obstante, surge un interrogante crucial: si se cobrarán $3500 por cada 100 kilómetros a cambio de tareas de mantenimiento, ¿cuánto debería costar la realización de obras viales significativas? Nadie ha dado respuesta a esta inquietud. Los propios constructores son los que brindarán la respuesta a medida que las licitaciones actuales se desarrollen, una oportunidad para las empresas viales que se asegurarán ingresos por más de dos décadas, sin necesidad de realizar grandes intervenciones. Sin embargo, habrá que esperar para ver cómo se desempeñan una vez que se enfrenten a la necesidad de llevar a cabo construcciones en lugar de limitarse a la cobranza y al mantenimiento.