No obstante, la aprobación del proyecto enfrenta serios obstáculos. Gran parte de la oposición dialoguista ha manifestado su desacuerdo con la eliminación de esta herramienta, que podría ser crucial el próximo año para organizar frentes electorales compuestos por partidos de diversas ideologías y enfoques políticos.
Este panorama ya fue comunicado a la mesa política del Gobierno por la jefa de la bancada libertaria en el Senado, quien recordó que la misión de obtener los votos ahora recae en el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli. En su primera aparición en la Cámara alta, Santilli constató la misma falta de apoyo que había señalado la exministra de Seguridad.
La Constitución Nacional estipula que, para aprobar una reforma del sistema electoral, se requiere el respaldo de la mayoría absoluta en cada cámara del Parlamento. En el caso del Senado, esto se traduce en la necesidad de 37 votos afirmativos. Si bien la cifra parece alcanzable, el oficialismo parte de solo 21 senadores, lo que significa que necesita la colaboración de 16 legisladores adicionales de partidos como la UCR, Pro y diversas fuerzas provinciales y peronistas disidentes.
A más de 70 días de que el Poder Ejecutivo presentara el proyecto, la resistencia se mantiene firmemente en la UCR, con figuras como Carolina Losada y Maximiliano Abad liderando las objeciones, además de la oposición en Pro. Sin el apoyo de estos bloques, y con el kirchnerismo en su mayoría en contra, el panorama se complica aún más.
Bullrich ha enfrentado este obstáculo durante más de un mes, y sus intentos de negociación con los bloques dialoguistas han llegado a un punto crítico. Santilli tuvo un primer contacto con esta dificultad en una reunión donde se discutió otro proyecto sobre subsidios al gas, que también enfrenta resistencia en el Senado. Al ser consultado sobre si se trató el tema de la reforma electoral, el jefe de Gabinete trasladó su expresión a una más grave, indicando que eso sería discutido en otra reunión futura.
Parece que la última alternativa que tiene la Casa Rosada es persuadir a los gobernadores para que instruyan a sus senadores a votar a favor de la reforma. Las gestiones de Santilli en este ámbito no son recientes; ya había buscado el apoyo de mandatarios provinciales y ofrecido la opción de listas colectoras para legisladores nacionales. Sin embargo, hasta ahora no se han visto resultados. La resolución de la crisis generada por el exjefe de Gabinete podría tener un impacto en este contexto.
Además, el oficialismo enfrenta una demanda adicional por parte de algunos bloques políticos, liderados por Martín Goerling, quien pide que se trate de manera separada la introducción del concepto de ficha limpia en el régimen electoral. Esta propuesta busca prohibir la postulación de quienes tengan condenas confirmadas. Un proyecto similar fracasó el año pasado en el Senado por la oposición de legisladores de Misiones.
Los partidos radicales y macristas han especulado que aquellos votos que impidieron la aprobación del proyecto respondieron a un requerimiento de la Casa Rosada. La propuesta de ficha limpia fue incorporada por Milei en la reforma electoral como un incentivo para que la oposición apoyara la eliminación de las PASO. Actualmente, Goerling y otros aliados están presionando para tratar este tema por separado, mientras Bullrich intenta equilibrar su resistencia a romper los lazos con los bloques aliados, proponiendo que ambos temas se discutan y se voten en la misma sesión. Sin embargo, los deseos de Bullrich y del Gobierno parecen lejanos de concretarse, ya que los votos aún no están asegurados y el cronómetro para la reforma electoral continúa avanzando.
