Modificación en la tarifa social: las provincias asumirán parte del costo de los subsidios al transporte

El reciente cambio en el régimen de tarifas sociales de transporte impulsado por el Gobierno no alterará directamente la experiencia de los usuarios que se benefician de este descuento, quienes continúan pagando cerca de la mitad de la tarifa normal. Sin embargo, tendrá un impacto significativo en los presupuestos de los gobernadores. A partir de hoy, se ha implementado una modificación en el sistema de descuentos para el transporte público que afecta a millones de usuarios de colectivos a nivel nacional, provincial y municipal. La nueva regulación implica que las provincias deberán asumir una parte de la compensación económica en caso de que decidan incrementar sus tarifas. Anteriormente, el esquema establecido otorgaba un descuento del 55% sobre la tarifa vigente en cada jurisdicción, con la Nación aportando la diferencia mediante subsidios. Aunque este porcentaje se mantiene, ahora se introducen cambios que, al menos por el momento, no repercutirán en el bolsillo de los beneficiarios de la tarifa social. Bajo la normativa anterior, el Tesoro Nacional contribuía con un porcentaje del pasaje. Sin embargo, tras la transferencia de competencias en el ámbito del transporte de colectivos a las provincias, el Gobierno perdió la capacidad de regular los precios de los boletos. Ahora, cada jurisdicción puede fijar la tarifa que considere sin intervención del Estado nacional. De esta forma, el monto de los subsidios solía ajustarse automáticamente cada vez que una provincia o un municipio incrementaba el costo del boleto. Esto resultaba en un aumento en el total destinado a subsidios provenientes de la Nación. Con el objetivo de controlar estos gastos, el Ministerio de Economía ha implementado un nuevo sistema que establece un punto de referencia a partir de hoy. Aunque la tasa de descuento se mantendrá, esta se calculará sobre una “tarifa de referencia” congelada en los niveles tarifarios vigentes hasta el 30 de junio de 2026. Solo se revisará este cálculo cuando se produzca un ajuste en los costos a nivel nacional, por lo que, en principio, el impacto de la medida no afectará a los beneficiarios directos. La disposición también incluye a los usuarios de trenes que acceden al beneficio al utilizar el transporte ferroviario; sin embargo, en este caso, su efecto es menor, ya que la mayoría de los servicios de trenes urbanos son de jurisdicción nacional. La normativa, publicada en el Boletín Oficial, establece que su vigencia se mantendrá hasta que la Secretaría de Transporte decida proceder a su actualización. De esta manera, se elimina el reajuste automático, y cualquier modificación deberá ser autorizada de forma expresa por el gobierno central. Si las provincias aumentan las tarifas, no modificarán el costo para los beneficiarios de la tarifa social, quienes deberán hacerse cargo de la diferencia con sus fondos provinciales. Esta nueva regulación desvincula el aporte nacional de futuros aumentos tarifarios de las provincias. Así, si un gobernador incrementa el precio del boleto en agosto, el Estado nacional calculará el 55% sobre la tarifa de junio y no sobre la nueva cifra. Los fundamentos de la resolución son claros y apuntan a evitar que los incrementos tarifarios “impacten de manera directa, automática e impredecible sobre las erogaciones del Tesoro Nacional”. En la práctica, esta medida permite contener el gasto público, transformando el subsidio del “55% sobre el costo del boleto, siempre” en un “55% de un valor fijo en pesos, a menos que el Estado decida actualizarlo”. Con la inflación o los aumentos que decidan las provincias, el valor real del aporte nacional se irá reduciendo con el tiempo a menos que la Secretaría intervenga activamente. Los beneficiarios de la tarifa social incluyen a jubilados, pensionados, trabajadores del hogar, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros. Además, esta decisión también deroga varias resoluciones previas del antiguo Ministerio del Interior y Transporte desde 2012. Cabe destacar que Nación Servicios ha informado que el sistema SUBE no podrá implementar este nuevo mecanismo de cálculo de inmediato, por lo que se aplicarán reglas transitorias hasta que el sistema central se ajuste. Por último, es importante señalar que las provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires mantienen la facultad de otorgar descuentos, gratuidades o franquicias adicionales, pero esto deberá ser financiado con sus propios recursos, sin esperar la intervención del Gobierno nacional.