Durante las reuniones sectoriales de maíz y trigo, los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, liderados por Luis Basterra y Matías Kulfas respectivamente, propusieron facilitar el acceso al crédito para pequeños y medianos productores. Esto se concretaría mediante el otorgamiento de garantías totales o parciales para respaldar créditos de entidades financieras dirigidos a quienes demandan trigo y maíz en el mercado local, utilizados como insumos para la cría de ganado o la producción de alimentos.
Los préstamos ofrecidos por bancos públicos y privados estarían apoyados por el Fondo de Garantías Argentino (Fogar), lo que permitiría a los productores evitar trasladar de inmediato posibles incrementos en sus costos de producción a los precios finales, facilitando así la gestión de estos desajustes.
La propuesta tiene como foco principal a los criadores de ganado y los molinos de trigo, buscando mitigar el aumento de precios en la carne y el pan.
Además, el Gobierno ha solicitado a cada sector que presente un panorama exhaustivo sobre la demanda de granos, con el fin de trabajar junto a los productores primarios y garantizar precios y cantidades. Por ejemplo, la industria avícola indicó que ha superado las dificultades a corto plazo, mientras que los molinos creen que podrán sortear la situación en breve.
Otra medida que está en consideración, aún en fase de desarrollo, es la posibilidad de ampliar las operaciones de cobertura a través del Rofex, lo que permitiría asegurar volúmenes anualmente y precios más bajos.
Los representantes del sector agrícola, organizados en la Mesa del Maíz y la Mesa del Trigo, propusieron al Gobierno la creación de un “fondo anticíclico alimentario”. Este fondo, alimentado parcialmente por los ingresos adicionales que este año generaría el Tesoro gracias al inesperado aumento de los precios internacionales de las commodities, serviría para crear un colchón que permita “desacoplar” los precios internos, tal como pretende el Gobierno para evitar que las subas de precios internacionales impacten en el ámbito local.
De acuerdo con los cálculos de los principales interesados en que esta medida prospere, el Gobierno prevé que durante el año recaudará cerca de $ 5835 millones por derechos de exportación vigentes, pero a los precios actuales, esa cifra podría superarse ampliamente, permitiendo al Estado obtener más de $ 8000 millones. El sector agrario espera que parte de esos más de $ 2200 millones regresen a la actividad, aunque es probable que ese superávit también financie parte de la demanda de insumos importados en la industria.
Como se destacó previamente, el Gobierno hasta el momento ha evitado avanzar con un aumento de retenciones a los granos para no tensar la relación con el sector agropecuario, lo que podría afectar una agenda de trabajo más amplia.
Sin embargo, la inflación en alimentos sigue siendo una preocupación para varios funcionarios, especialmente tras el incremento de más de 10 puntos de la canasta básica alimentaria, que ha subido un 45,5%, ubicado por encima de la inflación registrada en 2020. En un año electoral, con los ingresos mermando frente a la inflación, se podrían anticipar medidas drásticas.
El pasado jueves, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, participó en una reunión del gabinete económico donde presentó un informe sobre el impacto de los precios internacionales y las acciones que se están llevando a cabo desde el Gobierno con la cadena agroalimentaria para asegurar que los valores de los alimentos sean “razonables para la población”. Basterra reconoció que “se están identificando los instrumentos para lograr un desacople de los precios” y aseguró que el Gobierno trabaja para que las medidas que se implementen cuenten con el consenso de todos los involucrados.
