Con el objetivo de mitigar el efecto de la controversia generada por la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la Casa Rosada ha intensificado los contactos con gobernadores para avanzar en la sanción de una reforma electoral antes de las elecciones presidenciales de 2027. El ministro del Interior, Diego Santilli, se encuentra a la cabeza de esta iniciativa y tiene programadas reuniones este martes con mandatarios provinciales para reunir apoyos para un proyecto que plantea la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), la reestructuración del sistema de financiamiento de los partidos, y la implementación de Ficha Limpia. En el marco de su agenda, Santilli se reunirá a las 10 con Leandro Zdero de Chaco, a las 12 con Marcelo Orrego de San Juan, y a las 16 con Gustavo Melella de Tierra del Fuego. Desde la Casa Rosada, anticipan que los dos primeros gobernadores podrían mostrar un respaldo favorable al proyecto, aunque las expectativas sobre la colaboración del mandatario fueguino son escasas. “Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares, eso es algo que nos cuesta mucho a los argentinos”, afirmó Santilli, quien ha ganado la confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En Chaco, el bloque de Zdero ha presentado una propuesta en la Legislatura para suspender las PASO, mostrando sintonía con la reforma; Orrego, por su parte, declaró que aunque llegó al poder a través de una primaria, considera que “los tiempos cambian” y que esa herramienta ha perdido su utilidad. Sin embargo, el gobernador Melella es parte de un grupo de mandatarios que tienen poco contacto con el oficialismo, junto a Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa). A pesar de esa distancia política, fue convocado para las reuniones sobre la reforma electoral, aunque su representación legislativa es minoritaria. Adicionalmente a la discusión sobre la reforma, se abordarán otros temas legislativos, incluyendo la intención de la oposición de avanzar con una moción de censura para destituir a Adorni. Según informaron, las primeras evaluaciones están a cargo de Santilli, la senadora Patricia Bullrich y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, lo que sugiere que esta cuestión se tratará también con los gobernadores. Desde Balcarce 50, existe optimismo sobre la posibilidad de desactivar los intentos del Partido Justicialista y otros sectores de la oposición de promover el debate sobre la interpelación al funcionario, quien ha estado bajo el foco mediático en los últimos tres meses. “Tenemos los votos para evitar que prospere. Además, el proceso es muy enroscado”, aseguró un miembro de la mesa política. No obstante, algunos aliados de La Libertad Avanza, como el PRO y la UCR, no descartan permitir el tratamiento de la interpelación si la Cámara alta decide avanzar. “Es factible que se vote el emplazamiento de las comisiones para la interpelación”, revelaron representantes de una de las bancadas. A su vez, no se descarta la participación de Eduardo “Lule” Menem en encuentros que Santilli mantiene con gobernadores, en el contexto de las negociaciones para establecer nuevos acuerdos electorales rumbo a 2027. Hasta el momento, Santilli, centrado en la reforma electoral, ha recibido en la Casa Rosada a Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Aunque varios mandatarios han expresado su apoyo a la eliminación de las PASO, algunos se mantienen firmes en su oposición. La ecuación es clara: el Poder Ejecutivo prioriza la eliminación de las primarias, una propuesta que ha sido impulsada -sin éxito- en los últimos meses. Sin embargo, existe un plan B que podría activarse si no se obtienen los respaldos necesarios; en tal caso, la mesa política no descartaría la posibilidad de reactivar la suspensión de las primarias, como se hizo en las elecciones legislativas de 2025, o avanzar hacia la eliminación de su obligatoriedad.
El Gobierno busca evitar que el caso Adorni frene la reforma electoral y acelera diálogos con las provincias
