Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, expuso que la propuesta incluiría un incremento del 24,33% y otros compromisos económicos. “La oferta en discusión contempla un ajuste del 21,33% en julio y un adicional del 3% en octubre”, afirmó el exlegislador.
Según Yacobitti, esta recomposición salarial representaría 7 puntos para 2024, 12,33 para 2025, y el resto se destinaría a compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También mencionó que mañana se llevará a cabo una reunión paritaria con los sindicatos “para coordinar estrategias que eviten pérdidas en lo que queda del 26”.
Además del incremento por etapas, el Gobierno se comprometió a garantizar que los salarios universitarios no se vean erosionados por la inflación en 2026.
El acta incluiría también un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, que fomenta el acceso y culminación de estudios en áreas críticas para el desarrollo del país. “A su vez, habrá un financiamiento de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios”, añadió.
Las negociaciones abarcan también una discusión sobre una asignación específica para el personal docente de instituciones preuniversitarias, donde la situación salarial es particularmente crítica debido a la disminución del poder adquisitivo provocada por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, el FONID. Esta problemática es parte de la negociación entre el Ejecutivo, las universidades y los sindicatos.
El acuerdo económico propuesto no pondría fin al conflicto judicial. Yacobitti enfatizó que los rectores “no retiran la demanda”, refiriéndose al asunto de la Ley de Financiamiento Universitario, que está bajo el análisis de la Corte Suprema de Justicia.
La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, confirmada en dos ocasiones, pero actualmente suspendida debido a un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. La determinación final queda a cargo de la Corte Suprema, que no ha fijado un plazo para pronunciarse al respecto.
El Gobierno argumenta que la ley aprobada por el Congreso es “ilegal”, alegando que no cumple con normativas de administración financiera que requieren la identificación de la fuente de recursos. Por este motivo, el Ejecutivo sostiene que el mantenimiento de la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.
Desde el sector sindical existen ciertas reservas. Conadu señaló: “Por ahora, es todo informal. Por lo tanto, no podemos dar crédito a eso. Debemos actuar con mucha precaución, ya que el Gobierno es un interlocutor muy inestable. Es necesario que convoquen a paritarias, algo que no hacen desde hace años”.
Este escepticismo también se manifiesta entre los rectores, que exigen que cualquier resolución sobre salarios incluya la apertura de una instancia paritaria genuina y un acuerdo con las organizaciones sindicales, aplicable tanto a docentes como a no docentes.
Por su parte, las universidades continúan en estado de alerta. El martes 26 de mayo, estudiantes de la UBA, sindicatos docentes y otras agrupaciones de la comunidad universitaria llevaron a cabo clases públicas frente al Palacio de Justicia, en Tribunales, para exigir a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una decisión sobre la medida cautelar.
Además, estudiantes de los colegios preuniversitarios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini realizaron tomas de los establecimientos como forma de protesta.
