A través de su abogado Pablo Topet, la CGT argumentó que los jueces Víctor Pesino y María Dora González habían prejuzgado al emitir su fallo y señalaron que el primero de ellos otorgó ‘un beneficio de importancia por el Estado Nacional’. Por esta razón, solicitaron la nulidad de la sentencia, afirmando que ‘la resolución que se recurre carece de todo fundamento’.
Pesino y González emitieron su fallo el jueves pasado, restableciendo la ley de reforma laboral que había sido objeto de una medida cautelar. El caso llegó a la Cámara, que decidió remover el efecto suspensivo de la apelación, permitiendo que los artículos volvieran a ser aplicables. Sin embargo, la medida cautelar sigue en pie, y es el asunto que el tribunal deberá resolver.
Al día siguiente de la decisión judicial, el gobierno envió al Senado una petición para que Pesino continúe en su cargo por cinco años más, ya que cumple 75 años, la edad máxima permitida por la Constitución Nacional. Esta medida causó críticas y puso en el centro del debate la conducta tanto del juez como del gobierno.
Una de las razones esgrimidas por la CGT para impugnar al juez es ‘la inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía (como sucedió) favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley adjetiva’.
Además, la CGT criticó el proceder del Estado Nacional, recordando que el gobierno había aprobado en el Congreso la transferencia del fuero laboral, estableciendo que no se enviarían nuevos nombramientos de jueces de este ámbito al Senado.
La CGT también impugnó a Pesino y a González por haber prejuzgado en su fallo, argumentando que ‘lo que han omitido es fundar la decisión de manera razonable; distinto hubiera sido que indicasen qué artículos consideraban debían ser ‘aplicados’ y cuáles ‘cautelarmente convalidar que eran inaplicables’. Omisión y prejuzgamiento confluyen en la descalificable sentencia por no haber realizado el análisis correspondiente y por haber adelantado criterio sobre el fondo de la cuestión debatida como pretensión’.
La medida cautelar había suspendido cerca de 80 artículos de la ley objetados por la CGT, que había iniciado el amparo. Estos artículos abarcan regulaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, la libertad sindical, la reducción de montos indemnizatorios, el pago en cuotas de indemnizaciones y restricciones en el derecho a huelga, entre otros.
Todos estos artículos permanecen suspendidos a la espera de una decisión de fondo sobre su inconstitucionalidad.
