El terreno se encuentra en la intersección de San Blas y Andrés Lamas, y alberga varias construcciones en las que residen familias desde hace años.
Diego Molina, quien se identifica como el líder de este asentamiento, es un empleado de una funeraria que fue condenado en 2021 por el delito de ‘profanación de cadáver humano’, luego de que se hiciera pública una imagen de él junto al cuerpo de Diego Armando Maradona en el féretro.
La confirmación de su papel en la usurpación provino de fuentes vinculadas al gobierno de la ciudad. A pesar de ser identificado como figura clave en este proceso, Molina no fue arrestado durante el desalojo.
La controversia que rodea a este terreno se remonta a finales de los años 90. Según la versión oficial, la propietaria había dejado el inmueble a cargo de una persona en 1998, y al regresar, encontró que había sido ocupado por múltiples familias.
Desde entonces, la disputa ha desencadenado un largo proceso judicial que culminó en una orden formal de desalojo en 2009.
El operativo comenzó en la mañana, con un fuerte despliegue policial y la instalación de vallas en los accesos al predio. Fuentes oficiales indicaron que la intervención estaba también relacionada con una inspección judicial previa, debido a un supuesto riesgo estructural en las viviendas.
Algunos ocupantes permanecieron dentro del terreno, mientras que otros se congregaron afuera para manifestarse en contra del desalojo. Vecinos del área criticaron la acción policial y denunciaron irregularidades.
“Es un procedimiento irregular, no hay notificaciones previas”, manifestó una mujer en conversación con un medio local, quien añadió que no se les mostró una orden judicial.
Otros testimonios subrayaron que entre los ocupantes hay niños y personas con discapacidad, y algunos afirmaron haber sido estafados al comprar o alquilar espacios dentro del predio. “Vamos a resistir hasta que nos muestren una orden”, afirmó otra persona afectada.
Desde la administración de la ciudad justificaron el desalojo como parte de una política destinada a recuperar propiedades ocupadas. En los últimos meses, el gobierno porteño ha declarado que logró recuperar alrededor de 600 inmuebles, con el objetivo de asegurar el “orden público” y el respeto a la propiedad privada.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, resaltó que este tipo de acciones busca prevenir situaciones de ilegalidad y conflictos en los barrios.
