Rubén Goliás, abogado y representante del consorcio, señaló que esta queja surgió tras el cambio en la dirección de circulación de la arteria, destacando que el puente fue construido en 1993.
“Las estructuras no fueron visadas por el INTI para habilitarse el paso del tránsito pesado, colectivos y mayor paso de vehículos”, comentó el entrevistado.
Los vecinos realizaron un análisis de la infraestructura y, a partir de la información recopilada, expresaron sus dudas sobre la capacidad del puente para manejar el tránsito que se generará con la implementación del nuevo servicio eléctrico. “No estamos en contra del TramBus, solo queremos que el INTI evalúe el estado del puente”, subrayó Goliás.
El abogado enfatizó que la preocupación de los vecinos abarca no solo el peso de los vehículos, sino también la constante circulación y el impacto del frenado. “Esto genera fricciones para las que el puente no está preparado”, advirtió.
El consorcio presentó un recurso de amparo para solicitar una revisión de la estructura. Sin embargo, Goliás mencionó que el juez que intervino dictaminó que no estaban legitimados para presentar ese reclamo. “Ahora hemos apelado en la Cámara y estamos a la espera de una respuesta”, notificó.
Mientras aguardan la decisión judicial, los residentes también critican la falta de controles oficiales sobre el puente. Goliás aseguró que solicitaron informes al Gobierno de la Ciudad y recibieron una comunicación escrita al respecto.
“Hemos pedido informes y el viernes recibimos un e-mail desde la Ciudad de Buenos Aires informándonos que ‘están elaborando un informe’”, indicó.
El representante del consorcio también agregó que en el expediente se adjuntaron fotografías y documentación sobre el estado de la estructura. “Presentamos en el expediente rajaduras en la explanada, pero un informe serio no se puede obtener de una simple visualización”, comentó.
Sin embargo, según Goliás, el informe emitido por el Gobierno porteño admite que no se ha llevado a cabo un control exhaustivo de la estructura. Por lo tanto, reiteró que los vecinos buscan una evaluación técnica antes del inicio del nuevo servicio de transporte.
El abogado reafirmó que la finalidad del reclamo es prevenir futuros desastres. “No queremos más Cromañón, Once, Iron Mountain ni Paseo de la Infanta”, remarcó.
En este contexto, señaló que, a su juicio, hubo una falta de inspecciones adecuadas por parte del Gobierno de la Ciudad en esos incidentes anteriores y solicitó que se realice una revisión del puente antes de que se inicie su uso para el nuevo servicio.
Goliás volvió a subrayar que los reclamos de los vecinos no buscan obstaculizar el proyecto del transporte ni cuestionar el cambio de sentido de la calle Ambrosetti. Lo que realmente solicitan es que un organismo técnico evalúe la estructura y determine si está en condiciones de soportar el nuevo volumen de tránsito previsto.
Por el momento, el consorcio aguarda la respuesta de la Cámara tras la apelación presentada contra el rechazo del amparo, al tiempo que continúa insistiendo en la necesidad de una evaluación técnica del puente en Ambrosetti antes de que se inicie la operación del nuevo servicio.
