La solicitud fue presentada por su abogado defensor, Mauricio D’Alessandro, quien sostuvo que los archivos sometidos a análisis no necesariamente coinciden con aquellos que dieron origen a la investigación. Según planteó, el expediente incorporó material cuyo origen y correspondencia con las grabaciones originales no estaría debidamente acreditado.
La defensa también recordó que Spagnuolo se había negado previamente a entregar una muestra indubitada de su voz para realizar la comparación. Por ese motivo, la pericia deberá utilizar fragmentos de voz de acceso público como referencia para determinar si el exfuncionario aparece en las grabaciones.
El planteo se produce luego de que una pericia particular solicitada por Spagnuolo concluyera que los audios podían haber sido manipulados mediante inteligencia artificial. A partir de esa presentación, la Cámara Federal ordenó que se realizara una nueva pericia oficial a cargo de Gendarmería.
Uno de los puntos cuestionados por la defensa es la incorporación al expediente de un dispositivo con 58 audios. D’Alessandro sostuvo que ese material no había sido mencionado anteriormente en la causa y advirtió que no puede determinar si los archivos incluidos son los mismos que dieron origen a la investigación.
Para la defensa, la decisión de analizar ese material excedería el alcance de lo dispuesto por la Cámara Federal, que había ordenado peritar las grabaciones vinculadas con el inicio de la causa. Por ese motivo, solicitó al juez Lijo que suspenda el procedimiento hasta que se determine con precisión qué audios deben ser sometidos a estudio.
Mientras tanto, los peritos de Gendarmería avanzarían con el análisis de los archivos incorporados al expediente. La pericia busca establecer si las voces registradas corresponden a las personas mencionadas en la investigación y determinar si las grabaciones presentan signos de manipulación.
En paralelo, la Cámara Federal deberá revisar los procesamientos dictados contra Spagnuolo y otras 18 personas, todos sin prisión preventiva. La investigación contempla presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Los procesamientos se apoyan en distintas pruebas documentales y en información obtenida de teléfonos celulares. Las grabaciones cuestionadas por la defensa no constituyen, hasta el momento, el principal fundamento de esas decisiones judiciales.
La revisión estará a cargo de los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah. En caso de que no exista acuerdo entre ambos, la sala deberá ser integrada por un tercer magistrado. Entre las posibilidades se encuentran Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, recientemente designados como camaristas.
