El cambio no modifica el mecanismo mediante el cual los ciudadanos emiten su voto, sino que apunta a reorganizar el funcionamiento de la Justicia Electoral. La nueva estructura busca establecer un sistema permanente y especializado para atender las cuestiones vinculadas con los comicios.
Entre las principales modificaciones se encuentra la creación del cargo de juez electoral provincial permanente. Su designación se realizará de acuerdo con las disposiciones de la Constitución Provincial y con intervención del Consejo de la Magistratura.
El magistrado tendrá un mandato de diez años y percibirá una remuneración equivalente a la de un juez de Cámara. Además, contará con una secretaría propia, con una jerarquía y requisitos equiparables a los de otros organismos de la Función Judicial.
De esta manera, la reforma reemplaza el carácter transitorio que tenía la función electoral, que hasta ahora dependía de otros juzgados, por una estructura permanente destinada específicamente a esta materia.
La Ley N° 10.898 también establece una nueva conformación para el Tribunal Electoral, que estará integrado por tres miembros: un representante del Tribunal Superior de Justicia, quien ejercerá la presidencia; un juez de Cámara; y un integrante del Ministerio Público de la Defensa.
La participación de la Defensa Pública constituye otra de las modificaciones introducidas por la normativa. Sus integrantes serán designados mediante sorteo y ejercerán sus funciones durante cuatro años, frente a los dos años previstos anteriormente.
La legislación incorpora además una condición vinculada con la independencia de quienes integren el Tribunal Electoral: no podrán haber ocupado cargos partidarios durante los cuatro años anteriores a su designación.
En materia presupuestaria, el Tribunal Electoral tendrá autarquía financiera y podrá elevar su propio proyecto de presupuesto ante la Función Legislativa. La disposición apunta a darle autonomía para administrar los recursos destinados a su funcionamiento.
Otro de los puntos centrales de la reforma es la división de competencias entre el Tribunal Electoral y el nuevo Juzgado Electoral, que funcionarán bajo un esquema de primera y segunda instancia.
El Tribunal tendrá a su cargo la organización de los procesos electorales, la oficialización de listas, el escrutinio definitivo y la proclamación de los candidatos electos.
El Juzgado Electoral, en tanto, intervendrá como primera instancia y asumirá nuevas atribuciones vinculadas con el funcionamiento de los partidos políticos. Entre ellas se encuentran el control y la fiscalización patrimonial, los registros de afiliados, las denominaciones y símbolos partidarios y los procedimientos internos de las distintas organizaciones políticas.
La nueva estructura amplía así el alcance de la Justicia Electoral sobre aspectos administrativos, institucionales y patrimoniales de los partidos políticos de la provincia.
La normativa también establece la obligatoriedad de la tramitación electrónica para todos los expedientes electorales, en línea con el marco provincial vigente en materia de tecnologías de la información y la comunicación. La digitalización busca agilizar los procedimientos y mejorar la trazabilidad de las actuaciones, especialmente frente a los plazos reducidos que caracterizan a los procesos electorales.
En ese marco, el juez electoral deberá resolver las causas en un plazo máximo de cinco días, mientras que el Tribunal Electoral dispondrá de hasta diez días para emitir sus resoluciones.
Si esos períodos transcurren sin que exista una decisión, se producirá la pérdida automática de jurisdicción y el expediente deberá pasar al subrogante correspondiente. La medida busca evitar que las demoras en la resolución de los casos interfieran con el calendario electoral.
La Ley N° 10.898 también crea un Registro Provincial de Electores bajo la responsabilidad del Tribunal Electoral. Su implementación será progresiva y, durante la etapa de transición y mientras se avance en la coordinación con la Justicia Federal, La Rioja continuará utilizando el padrón nacional para sus elecciones.
La reforma comenzó a regir mientras la provincia avanza hacia el próximo ciclo electoral. Su implementación requerirá completar la designación del juez electoral permanente, conformar el Tribunal, establecer su presupuesto y avanzar gradualmente con el sistema de expedientes electrónicos y el padrón provincial.
