Los hechos ocurrieron durante la última dictadura militar y fueron considerados crímenes de lesa humanidad. El tribunal estuvo integrado por las juezas Ana Carina Farías y Cristina Edith Giordano y el juez Federico Bothamley. La Fiscalía había solicitado una pena de 17 años de prisión efectiva.
Vega fue condenado como partícipe necesario en los delitos vinculados con la sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años en perjuicio de los hermanos Suleimán y Ramos. También fue hallado responsable de haber hecho incierto el estado civil de Elías y de haber alterado el de Marcos.
La pena se cumplirá bajo monitoreo electrónico. Además, el tribunal hizo lugar al pedido de establecer una reparación integral para las víctimas y solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación que gestione las medidas previstas por las leyes reparatorias. También dispuso garantizar la continuidad de los tratamientos psicológicos de ambos hermanos.
Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el próximo 26 de agosto a las 14. En el fallo, el tribunal destacó que la búsqueda e identificación de las personas apropiadas durante el terrorismo de Estado constituye una obligación permanente del Estado argentino, derivada de sus compromisos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Según la investigación, en diciembre de 1976, Marcos Eduardo Ramos, de cinco meses, y Elías Ismael Suleimán, de ocho años, fueron secuestrados por personal militar en una vivienda del barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán.
Su madre, Rosario del Carmen Ramos, había sido secuestrada por tercera vez a fines de noviembre o comienzos de diciembre de ese año, luego de regresar a Tucumán desde Santiago del Estero. Se presume que fue trasladada al centro clandestino de detención que funcionaba en la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga” y permanece desaparecida.
Después del operativo, los dos hermanos fueron llevados a un lugar ubicado en Tafí Viejo, donde fueron separados. Elías fue trasladado posteriormente a una vivienda de la capital tucumana, donde sufrió maltratos y amenazas y se intentó modificar su identidad.
A los ocho años, el niño logró escapar y recorrió más de 20 cuadras hasta llegar a la terminal de ómnibus. Allí se encontró con un tío y pudo regresar con su familia. En 1999 se presentó ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y aportó información sobre el secuestro de su madre y de su hermano.
Marcos, en tanto, fue privado de su identidad y entregado a Víctor Lucio Sánchez, un agente civil de inteligencia vinculado al Destacamento de Inteligencia N°142. La acusación sostuvo que la incorporación de Sánchez a esa estructura contó con el aval de Vega, quien tenía responsabilidades en tareas de inteligencia y en el funcionamiento del centro clandestino.
El niño fue inscripto de manera falsa como nacido el 17 de marzo de 1977 y como hijo biológico de Sánchez e Ilda Agustina Sánchez, bajo el nombre de Marcelo Ariel Sánchez.
Durante el mismo operativo también fueron secuestrados Hugo Demetrio Castro y su hijo Juan Carlos, de 12 años, quienes se encontraban al cuidado de los hermanos. Ambos fueron trasladados al Arsenal. Los restos de Hugo Castro fueron identificados posteriormente en el Pozo de Vargas, mientras que su hijo recuperó la libertad meses después.
En junio de 2026, poco antes del inicio del juicio, la Oficina de Derechos Humanos de Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad notificó a Marcos Ramos los resultados de los estudios de ADN realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Los análisis confirmaron su vínculo biológico con Pastor Dante Campos. La muestra aportada por Ilda del Valle Campos, hermana de Pastor, presentó una coincidencia del 99,99% con el parentesco biológico de Ramos, lo que permitió completar la reconstrucción de su identidad.
Ramos había recuperado su identidad en agosto de 2018, cuando los estudios genéticos confirmaron su vínculo materno con Rosario del Carmen Ramos. Con el nuevo análisis pudo establecerse también su filiación con Pastor Dante Campos y reencontrarse con otra parte de su familia biológica, casi cinco décadas después de su secuestro.
El reencuentro entre los hermanos se produjo luego de más de cuatro décadas de separación. Durante su intervención ante el tribunal, el fiscal Pablo Camuña remarcó la importancia de ese hecho y del proceso de recuperación de identidad de Marcos, en el marco de la investigación sobre las responsabilidades por el secuestro de ambos.
La reconstrucción judicial del caso estableció así la secuencia de hechos que atravesaron a los dos hermanos desde su secuestro durante la dictadura, su posterior separación y la recuperación de la identidad de Marcos, hasta el proceso que terminó con la condena del exmilitar.
