La formalización de esta decisión se realizó mediante dos resoluciones: una del Ministerio de Economía, identificada con el número 1158, y otra de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), correspondiente a la 5885. Ambas resoluciones fueron firmadas ayer, una por el ministro Luis Caputo y la otra por Andrés Vázquez, titular de la ARCA, y se publicaron hoy en el Boletín Oficial.
De este modo, la medida se implementó justo en el último día de validez de la prórroga anterior, dispuesta en diciembre del año pasado. Esta disposición, que impide al fisco reclamar impuestos y obligaciones de jubilación adeudadas por las entidades de salud, se estableció hace varios años como un mecanismo de protección para el sector, con un inicio que se consideró transitorio, pero que se ha extendido indefinidamente.
Aunque no hay cifras exactas sobre las deudas acumuladas, el sector estima que alrededor de 5000 entidades enfrentan obligaciones impagas, algunas de ellas desde hace varios años. La resolución del Ministerio de Economía que prorroga la suspensión argumenta que las razones que llevaron a su implementación “permanecen vigentes”. No obstante, las soluciones propuestas hasta ahora han sido solo temporales, sin que se hayan presentado planes oficiales para abordar el problema de manera integral.
El origen de esta situación se remonta a la declaración de emergencia sanitaria tras la crisis de 2001. Desde entonces, las clínicas y prestadoras de salud han podido eludir el pago de deudas fiscales sin riesgo de enfrentarse a juicios o embargos. A través de sucesivas prórrogas, esta emergencia se extenderá formalmente hasta diciembre de 2023.
A partir de esa fecha, el Gobierno ha implementado resoluciones que continúan con la suspensión del inicio de juicios y de medidas cautelares, abarcando también a instituciones sin fines de lucro en general, no solo del ámbito de la salud.
La asociación de prestadores Adecra+Cedim presentó anteriormente una propuesta para la consolidación de deudas entre el sector y el Estado. Su intención es que se reconozcan tanto las obligaciones impagas como los saldos a favor de las entidades, derivado de no poder deducir el IVA pagado en sus compras, debido a que las entidades a las que abastecen, como obras sociales y prepagas, están exentas o tienen una tasa reducida.
La propuesta no solo busca la consolidación de montos históricos, sino que también propone que, de forma permanente, se habilite el uso de créditos derivados del IVA para el pago de obligaciones de seguridad social.
Por otro lado, ARCA lanzó este año un plan de facilidades de pago específico para el sector, que permite saldar deudas en un plazo de hasta 60 cuotas con una tasa de financiamiento de 1,375% mensual. Sin embargo, este plan no reduce los intereses ni sanciones por mora, ni incluye todas las obligaciones impagas, y está disponible hasta el 30 de septiembre.
A pesar de estas medidas, referentes del sector destacan que no resuelven el problema estructural, subrayando la necesidad de abordar el tratamiento de los “saldos técnicos del IVA”. Las deudas fiscales representan un desafío para varios actores del sector, que también enfrentan problemas como la litigiosidad y el desfasaje en los aranceles que reciben por los servicios prestados a través de financiadores como obras sociales y PAMI. En las últimas décadas, estas circunstancias han impactado negativamente en la atención a los pacientes, generando demoras en turnos, la salida de profesionales de las cartillas, y conflictos sindicales por reclamos salariales.
