El debate en el ámbito parlamentario aborda nuevamente un tema central de la política fiscal: los gastos tributarios, que representan los ingresos que el Estado decide no recaudar mediante la concesión de exenciones, deducciones o tratamientos diferenciados en favor de determinados sectores. De acuerdo a los datos del último presupuesto aprobado, que no contempla al RIGI, se estima que el Estado Nacional dejará de recaudar en 2026 el 3,4% del PBI, lo que equivale a más del 20% del gasto estatal. La amplitud de los recursos fiscales que se sacrifican resulta altamente problemática, especialmente al considerarlos en el contexto del financiamiento de otras políticas públicas, como aquellas destinadas a la defensa de derechos.
Varios organismos y expertos han señalado que, más allá de la considerable cifra de recursos fiscales sacrificados, el problema de los gastos tributarios en Argentina se agrava por la falta de transparencia en la información sobre los beneficios concedidos y la ausencia de evaluaciones periódicas que aseguren que estas políticas generen más beneficios que costos asociados. La experiencia con el RIGI no ha mostrado mejoras en estos aspectos; casi un año después de su sanción y con 17 iniciativas aprobadas, no hay estimaciones oficiales sobre los recursos dejados de recaudar, la información sobre proyectos es insuficiente y también lo son los procedimientos de evaluación.
En cuanto al Súper RIGI, el proyecto presenta vaguedades en la definición de los sectores que se beneficiarán. La propuesta tiene como objetivo fomentar nuevas actividades económicas, clasificadas como “proyectos industriales, tecnológicos o de prestación de servicios relacionados con infraestructura tecnológica y digital estratégica cuyo grado de desarrollo sea experimental o piloto”. No obstante, no se especifican criterios claros que determinen qué actividades concretas pueden acceder al régimen. Esta amplia definición otorga al Poder Ejecutivo un margen elevado de discrecionalidad para decidir qué proyectos recibirán los beneficios, lo que plantea la necesidad de que el Congreso establezca de manera clara cuáles son las áreas estratégicas que justifican la asignación de recursos públicos a través de incentivos fiscales.
El proyecto también sufre de deficiencias significativas en términos de transparencia y evaluación. Diversos organismos internacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, han sugerido que los incentivos fiscales deben ir acompañados de estimaciones de costo fiscal previas y evaluaciones periódicas que permitan medir su efectividad. Sin embargo, el Súper RIGI no contempla la publicación de la información presentada por las empresas que buscan ingresar al régimen ni de las evaluaciones previas a su aprobación. Tampoco incluye una evaluación retrospectiva que considere la estimación de los recursos fiscales que se sacrificarán por la política de incentivos.
Asimismo, no se incluyen mecanismos de monitoreo y evaluación continuos que permitan valorar el avance de las inversiones impulsadas y si estas generan los resultados económicos, productivos o sociales esperados. En efecto, la iniciativa únicamente establece dos momentos para evaluar el cumplimiento de desembolsos: a los dos años desde el inicio del proyecto y al concluir el mismo. Esto ocurre en un contexto donde el régimen sancionatorio presenta debilidades, con multas que resultan muy bajas en relación con la magnitud de los posibles incumplimientos. Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia se sostiene que las evaluaciones periódicas de cada proyecto deberían ser públicas, y resulta necesario establecer mecanismos claros de revisión ante el incumplimiento de las metas comprometidas, evaluando la continuidad de los beneficios fiscales en aquellos casos que lo requieran.
Finalmente, es fundamental alertar sobre los riesgos que puede acarrear una política de beneficios impositivos que no contemple evaluaciones sistemáticas que verifiquen su eficiencia, justificación o adecuación como la mejor opción de política pública. La falta de una regulación óptima y la carencia de transparencia propician un escenario en el que la política de incentivos fiscales se convierta en un espacio de privilegios duraderos que contribuyan a incrementar la regresividad de la política fiscal.
