Los hechos investigados que llevaron a 60 empresarios y a la ex presidenta, junto a otros ex funcionarios, al tribunal incluyen tanto cohechos pasivos como activos. En esta audiencia se destacaron principalmente a dos empresas que tenían proyectos adjudicados en la provincia de Santa Cruz.
Una de ellas es Isolux Corsán, cuya sede central estaba en España y que obtuvo en 2008 la adjudicación para construir la Usina Térmica de Río Turbio, ubicada al noroeste de Río Gallegos. Esta obra, que nunca se completó, fue objeto de numerosas denuncias de corrupción. En 2017, Julio De Vido fue encarcelado por el desvío de 256 millones de pesos destinados a la modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que debía abastecer de carbón a la usina y generar 240 Mw para el Interconectado Nacional.
Verónica Iglesias, contadora de ARCA, declaró ante el tribunal que en 2016 trabajaba como supervisora en un área de fiscalización y que en 2017 fue promovida. Durante su tiempo en la institución, le dieron el CUIT de la Unión Transitoria de Empresas que incluía a Isolux Corsán y otras compañías. Al ser consultada por la fiscal sobre los motivos de la fiscalización, Iglesias comentó: “Cuando fui nombrada jefa de división, había una sospecha de facturas apócrifas”.
Iglesias explicó que existía una lista de proveedores catalogados como apócrifos, lo que disparaba alarmas en el sistema cada vez que eran contratados. En el caso de Isolux Corsán, se analizaron las facturas que no podían considerarse válidas; algunos conceptos incluían horas hombre o maquinaria. Sin embargo, aseguraron que no se enfocaron en el tipo de compra, sino en esos proveedores ya clasificados como fraudulentos.
La licitación de la obra se llevó a cabo durante el primer mandato de Cristina Kirchner, destinada a solucionar los problemas financieros de YCRT y otorgar un nuevo propósito a la mina de carbón. La obra fue adjudicada a una UTE liderada por Isolux Corsán por 857.341.128 dólares. Sin embargo, debido a variaciones y nuevas contrataciones dentro del mismo proceso licitatorio, el costo del contrato se incrementó a 1.726.251.982 dólares, según un peritaje oficial relacionado con la causa que investiga a Julio De Vido y otros ex funcionarios.
Por lo tanto, la usina podría haber costado entre dos y tres veces más de lo proyectado inicialmente. Esta obra, que para la justicia federal simboliza la corrupción, se convirtió en uno de los proyectos a partir de los cuales se reclamaron coimas atribuidas en última instancia a Cristina Kirchner.
Iglesias recordó que se le imputaron montos por facturación apócrifa en relación a esta obra. Fuentes del ámbito judicial indicaron que este caso particular, al igual que otros fiscalizados que también forman parte del caso Cuadernos, “presentan salidas de dinero no documentadas provenientes de anticipos financieros de las obras” adjudicadas, es decir, retiros en efectivo.
Isolux Corsán contaba entre sus principales autoridades con Juan Carlos De Goycochea, uno de los empresarios que compareció ante el tribunal y que se acogió a la figura de imputado colaborador. En su declaración, De Goycochea explicó: “En 2008, cuando ganó la obra de Río Turbio, fui convocado a una reunión en el despacho de Roberto Baratta en el Ministerio de Planificación Federal. Aunque la licitación ya estaba ganada, Baratta me indicó que era necesario aportar dinero para la campaña electoral.”
En su testimonio, detalló que recibió instrucciones de entregas en dólares, las cuales se realizaban en casas de cambio de la zona del microcentro, y que cuando entregaba el dinero a Baratta, este no lo contaba y lo guardaba en un portafolios.
De Goycochea aclaró que, aunque le hicieron el pedido de dinero para la “campaña electoral”, lo interpretó como un euphemismo, señalando que se trataba de un pago irregular: “Esos pagos fueron una imposición del gobierno relacionada exclusivamente con la obra que teníamos a cargo”, sostuvo.
Los pagos se realizaron entre 2009 y 2014, ascendiendo a un total de aproximadamente 17 entregas, cada una de alrededor de 300.000 dólares. De Goycochea también explicó que, además de los pagos a Baratta, existieron irregularidades respecto a la imposición de ciertos proveedores, que Baratta indicaba como prioritarios para pagos, incluso por encima de obligaciones salariales.
Algunos de estos pagos también están registrados en los cuadernos de Centeno, mencionando fechas y montos entregados. Posteriormente, declaró como testigo Carlos Alberto Staforni, quien se refirió a la fiscalización de la UTE responsable de la construcción del soterramiento del tren Sarmiento, otro proyecto que aún sigue sin concluirse después de más de una década.
