Además, existen otros obstáculos que dificultan el progreso. La formación docente involucra a instituciones de educación superior que deben movilizar a docentes y alumnos, pero en los ministerios a menudo están a cargo personas que provienen de dichas instituciones, quienes no siempre cuentan con el apoyo, los incentivos o la motivación política necesaria para liderar cambios significativos.
Actualmente, la formación se imparte en más de 1300 Institutos Superiores y 70 universidades en todo el país, muchas de las cuales registran una baja en la matrícula; se presenta, por lo tanto, un panorama extenso, fragmentado y disperso, complicado de coordinar. Los gobiernos, sin embargo, suelen concentrarse en la capacitación de docentes en actividad, en la distribución de materiales y en la modificación de planes de estudio, dejando de lado los profesorados. La formación de los futuros educadores frecuentemente queda relegada a cada institución, a pesar de su importancia crucial para la sostenibilidad de las políticas educativas en el futuro.
Los desafíos son significativos y acumulativos. Cada vez hay menos jóvenes que eligen la carrera docente, como se refleja en una disminución del 20% en las inscripciones a los profesorados de primaria en 2023 en comparación con 2013. Frente a la reducción de la natalidad, surge la interrogante sobre si este descenso se equilibrará con la baja en la matrícula escolar, o si, a la par de lo que ocurre en otros países, enfrentaremos una escasez de docentes en áreas que antes contaban con suficientes.
El acceso al nivel superior se presenta igualmente como un asunto crítico: el 75% de los estudiantes de profesorados no completa sus estudios en los dos primeros años. Aunque hay debates sobre las evaluaciones de ingreso, es innegable que más del 80% de los estudiantes de último año de secundaria obtuvo resultados insatisfactorios en matemáticas en 2024.
Una posible solución ante las dificultades en un sistema desigual son los ciclos de nivelación, que podrían ofrecer tiempos adecuados y estándares exigentes, especialmente para quienes aspiran a ser docentes.
Por otro lado, los planes de estudios de los profesorados suelen ser extensos, pero frecuentemente resultan incompletos: hay asignaturas que no se alinean con el perfil de egreso y carecen de contenidos fundamentales, como la evaluación de estudiantes, la atención a las desigualdades en el aprendizaje y la gestión de aula y resolución de conflictos.
El proceso de egreso generalmente se basa en la acumulación de notas individuales, sin que se verifiquen competencias mínimas requeridas para ejercer la profesión. El tiempo dedicado al aprendizaje práctico en las escuelas —disfrutado a través de la observación de clases, la interacción con directivos, familias y docentes experimentados, e incluso mediante la enseñanza activa— es, en realidad, muy limitado. La desconexión entre la formación teórica y la práctica profesional es considerable, en contraposición a otras áreas donde existen residencias médicas remuneradas.
También existe una desconexión entre el gobierno central y las instituciones formadoras: no suele haber supervisores ni sistemas digitales de gestión académica, y hasta la fecha no se han implementado procesos sistemáticos para evaluar la calidad educativa. Incluso en aquellos institutos superiores que dependen de los ministerios, y a pesar de su tamaño reducido, hay dinámicas de operación que favorecen una alta autonomía entre los distintos claustros.
El camino hacia adelante no es sencillo. Años de abandono han dado lugar en las instituciones de formación a culturas endogámicas que son reticentes al cambio, no por la mala fe de sus integrantes, sino por la negligencia política. Esta situación ha generado desconfianza hacia las autoridades. Para mejorar esta situación, se requiere un compromiso que trascienda los intereses electorales y personales.
Argentina ha experimentado un retroceso en las evaluaciones internacionales, incluso comparada con países de la región que presentan peores indicadores socioeconómicos. Para asegurar a las generaciones actuales y futuras su derecho a una educación de calidad, es urgente fomentar un sentido de corresponsabilidad entre todos los actores involucrados. El desarrollo social y económico del país debe considerar la docencia y su formación como elementos fundamentales.
