Esta iniciativa, promovida desde la jefatura de Gabinete en colaboración con el Ministerio de Economía, se formalizará mediante una decisión administrativa que presentará opciones o programas susceptibles de ser ajustados. Según fuentes cercanas al asunto, se determinará que el empleo público no podrá ser reducido.
No es la primera ocasión en que se instituyen medidas de este tipo. A mediados de enero, se publicó la Decisión Administrativa 1/2026 en el Boletín Oficial, en la que se establecieron directrices sobre el manejo del Presupuesto de la administración pública nacional.
Esta medida exigía que las jurisdicciones y entidades de la administración nacional informen trimestralmente sobre la evolución de sus plantas y contrataciones a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, liderado por Carlos Guberman. Una estructura similar se podría ver reflejada en la nueva decisión administrativa.
El Gobierno también ha instado recientemente a los ministerios a intensificar el ajuste del gasto público para garantizar el superávit fiscal y cumplir con la meta establecida con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Casa Rosada ha definido un marco presupuestario que contempla un recorte adicional del 2% en el gasto corriente y del 20% en el gasto de capital. Desde el Ejecutivo, se ha mencionado que varias dependencias ya han presentado sus planes para alinearse con este objetivo.
El superávit fiscal es fundamental no solo para el programa económico, sino también como uno de los principales objetivos del acuerdo con el FMI. En este contexto, el Gobierno se comprometió a llevar el resultado primario a un 2,2% del PBI para este año, aunque en la segunda revisión se indicó una posible flexibilización hacia un 1,4%. En el Presupuesto, la proyección es de un 1,5% del PBI.
Datos recientes revelan que el Sector Público Nacional ha registrado tres meses consecutivos con superávit, alcanzando en el primer trimestre un superávit primario cercano al 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero equivalente al 0,2% del PBI.
