La disputa se da en un contexto de incertidumbre contractual que se arrastra desde hace años. TTA, firma del fallecido Néstor Otero, obtuvo en septiembre de 1993 una concesión por 12 años, con posibilidad de prórroga. En 2006, durante el kirchnerismo, el contrato se extendió por otros diez años. El acuerdo venció en septiembre de 2015 y desde entonces la terminal funciona bajo permisos transitorios.
La falta de definiciones coincidió con un prolongado deterioro de la infraestructura y la escasez de inversiones en el transporte metropolitano. Otero fue condenado en un juicio abreviado a cumplir probation por el pago de dádivas al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, entre ellas el alquiler de un departamento. Jaime reconoció haber recibido esos beneficios y fue procesado en la causa Cuadernos. En paralelo, la precariedad contractual dificulta la llegada de nuevas inversiones. Construida en 1983, la terminal cuenta hoy con menos servicios que en sus primeros años, mientras los pasajeros continúan afectados por las deficiencias.
A diferencia de los cuestionamientos que marcaron las licitaciones fallidas de 2017 y 2019, esta vez TTA centró su presentación en una presunta violación de la propiedad intelectual. Invocó la ley de derechos de autor y el Convenio de Berna, denunció que no fue convocada durante el procedimiento pese a haber presentado proyectos propios y acusó a los promotores de un “accionar doloso”.
El Ejecutivo, a través del decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el régimen de iniciativas privadas no exige que las propuestas sean originales. También afirmó que las eventuales disputas sobre la autoría de los planos deben resolverse entre particulares, sin intervención estatal. Respecto de la exclusión de TTA, argumentó que la normativa no prevé la participación de terceros en esa instancia y que la publicidad del procedimiento se cumplió con la inscripción de la iniciativa el 17 de noviembre de 2025. La concesionaria podrá participar como oferente cuando se convoque a licitación.
Desde el consorcio impulsor consideraron que el planteo no tiene sustento y sostuvieron que las propuestas de renovación de la terminal contemplan servicios similares, como estacionamiento, hotel, centro de convenciones, centro comercial y mejoras en la infraestructura de transporte.
El esquema de iniciativas privadas establece una ventaja para quien presenta el proyecto, denominado iniciador, durante el proceso licitatorio. Sin embargo, los competidores pueden desarrollar propuestas propias sin necesidad de replicar los planos originales, aunque deben respetar los lineamientos centrales del proyecto. Así, si la iniciativa contempla un hotel y 500 espacios de estacionamiento, las ofertas alternativas no pueden reducir esa capacidad. La propuesta original establece las condiciones de partida para la licitación.
En cuanto a los antecedentes técnicos del consorcio, el decreto menciona a Service Trade e Inversiones Peirod como las firmas que respaldan la experiencia en terminales de transporte y desarrollos inmobiliarios. Inverlat, en cambio, aparece caracterizada como una empresa dedicada a la gestión de inversiones.
Las observaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que TTA sostuvo que no fueron atendidas, quedaron relegadas a una etapa posterior. Según el Gobierno, los planteos se refieren al diseño y al cronograma de las obras y deberán incorporarse en los pliegos de la futura licitación, que aún no fueron confeccionados. El decreto 273 estableció un plazo de 60 días para convocar al concurso, pero ya transcurrieron casi siete meses. Mientras tanto, la terminal continúa operando bajo las condiciones actuales, con una concesión vencida hace más de una década.
En su presentación, TTA cuestionó que la propuesta de Inverlat y sus socios reutilizara documentación técnica que la empresa había presentado en los procesos licitatorios de 2017 y 2019, que quedaron sin resolución. Sostuvo que el proyecto declarado de interés público carecía de originalidad y utilizaba material de su autoría. También puso en duda la capacidad técnica de los nuevos interesados para ejecutar las obras, acusó al Gobierno de desviarse del objetivo de la normativa y de aprovechar los antecedentes negativos de anteriores administradores. En ese marco, pidió revocar el decreto y suspender sus efectos por el supuesto “accionar doloso” de los promotores.
La respuesta oficial quedó plasmada en el decreto 1390/2026. El Gobierno reiteró que ni la ley de concesiones de obra pública ni el régimen de iniciativas privadas exigen originalidad y sostuvo que las controversias sobre la propiedad intelectual deben resolverse entre las partes involucradas. También afirmó que la Secretaría de Transporte y la CNRT analizaron los antecedentes de los proponentes y los consideraron suficientes, aunque precisó que la evaluación técnica se apoyó en la experiencia de Service Trade e Inversiones Peirod. Esa valoración corresponde a la instancia de iniciativa privada y no implica una adjudicación anticipada.
El Ejecutivo agregó que las observaciones de la CNRT sobre el proyecto no alteraban la decisión de declararlo de interés público, ya que se trata de una evaluación de conveniencia y no genera gastos para el Tesoro. Al considerar que el acto administrativo mantiene su presunción de legitimidad y que los argumentos de TTA no lograron desvirtuarla, rechazó el pedido de suspensión y cerró la instancia administrativa.
La convocatoria a licitación sigue pendiente, al igual que la elaboración de los pliegos. La prolongada indefinición contractual continúa limitando las inversiones y deja a los pasajeros de la principal terminal de ómnibus del país en un predio que arrastra problemas de infraestructura y servicios desde hace años.










