El próximo 28 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, dará a conocer su resolución sobre el pedido argentino para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas. Las audiencias, celebradas el 10 y 11 de noviembre ante un panel de 21 jueces presidido por el magistrado camerunés Maurice Kamga, marcaron un hecho inédito: por primera vez en la historia, la Argentina enfrentó al Reino Unido ante una corte internacional por la explotación de los recursos marítimos en torno al archipiélago.
La representación nacional estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, junto al embajador Mario Oyarzábal como agente designado, funcionarios de Cancillería y de la Procuración, y los asesores legales externos Marcelo Kohen y Nico Schrijver. Enfrente estuvo un equipo británico de seis abogados liderado por la fiscal general Ellie Reeves. Debido a la escasa oferta hotelera en las inmediaciones del tribunal —ubicado lejos del centro de Hamburgo—, ambas comitivas compartieron el mismo alojamiento; aunque la delegación argentina gestionó un sector de acceso restringido para sus reuniones de trabajo, fueron inevitables los cruces durante el desayuno con los representantes de Londres y con los directivos de las empresas operadoras del yacimiento, Samuel Moody (CEO de Rockhopper Exploration) e Ian Ramsay (CEO de Navitas Petroleum), quienes también presenciaron las sesiones junto a autoridades de las islas.
Durante las jornadas en Hamburgo, el planteo central de Buenos Aires apuntó a obtener cuatro medidas provisionales de urgencia hasta tanto se constituya el tribunal arbitral del Anexo VII: suspender toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura en Sea Lion; prohibir el uso de datos obtenidos en la etapa de exploración en perjuicio de los derechos argentinos; cesar los obstáculos para que el país cumpla con sus obligaciones de protección ambiental bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR); y frenar el otorgamiento de nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.
La estrategia jurídica argentina se sustentó en las resoluciones 2065 (de 1965) y 31/49 (de 1976) de las Naciones Unidas, que reconocen la disputa de soberanía e instan a evitar acciones unilaterales, sumadas al riesgo ambiental. Según expuso el equipo nacional, ante un eventual derrame, sería la Argentina —y no el Reino Unido, ubicado a más de 12.700 kilómetros— quien debería coordinar la respuesta de emergencia, dado que el propio plan de contingencia del operador calcula un 30% de probabilidades de que el crudo alcance aguas territoriales argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días. En la segunda jornada, la delegación endureció su postura bajo la premisa de que, una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar, diferenciando el daño económico compensable que pudieran alegar las petroleras de la pérdida irreparable de un recurso no renovable.
Por su parte, la defensa británica —que generó incertidumbre previa en Buenos Aires al optar por no presentar alegatos escritos antes de las audiencias— centró su estrategia en sostener que la solicitud argentina encubre un litigio sobre la soberanía de las islas, materia que excede la competencia del Tribunal del Mar. Además, tras una primera jornada que comenzó con demoras por la llegada tarde de la fiscal Reeves (lo que obligó a la agente Sally Langrish a abrir la sesión), Londres utilizó en su réplica el discurso que el presidente Javier Milei pronunció en septiembre ante la Asamblea General de la ONU. La fiscal recordó que el mandatario había calificado al organismo como una “organización inútil” al servicio de “parásitos arrogantes”, intentando señalar una contradicción con la invocación argentina de resoluciones de la propia ONU. El embajador Oyarzábal respondió formalmente destacando que en aquella misma intervención Milei ratificó su apego a la paz y a la resolución de controversias dentro del derecho internacional, al tiempo que recordó el vaciamiento británico del esquema bilateral de cooperación intentado en 1995.
Esta instancia en Alemania forma parte de una ofensiva más amplia del Gobierno nacional que combina frentes diplomáticos, legislativos y judiciales. En el plano parlamentario, el Congreso se prepara para debatir el próximo miércoles el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, mientras que en el ámbito penal avanzan las causas contra los directivos de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Al respecto, trascendió que el pasado 1° de septiembre el Ejecutivo envió una carta al CEO de Rockhopper, Sam Moody, y a su director financiero intimándolos con procesamiento penal, penas de prisión y multas bajo la legislación local, una postura que el canciller Pablo Quirno ratificó al señalar que las compañías y sus autoridades incurren en delitos previstos por las leyes argentinas.
De cara al fallo del 28 de noviembre, en la Casa Rosada mantienen cautela pero expresan conformidad con la solidez de la exposición realizada, remarcando que un resultado adverso no afectaría el reclamo histórico de soberanía y que la ofensiva continuará. Desde Cancillería subrayan que, si el tribunal dicta medidas provisionales, se debilitaría el argumento británico de que no existe controversia activa por las islas, mientras que especialistas con acceso al expediente observan con optimismo el antecedente de que el TIDM suele conceder algún tipo de resguardo cautelar en este tipo de presentaciones.
