El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, defendió el informe y sostuvo que se trata de una descripción técnica de las cuentas del Banco Central, no de una evaluación de su gestión ni de una estrategia partidaria. También aclaró que la decisión de contratar coberturas ante una eventual caída del precio del oro no fue el objeto de la auditoría.
El BCRA, conducido por Santiago Bausili, cuestionó el documento y afirmó que su contenido buscaba desprestigiar a las autoridades del organismo. Por su parte, defendió las operaciones financieras realizadas en 2025 como una estrategia para proteger la totalidad de sus reservas en oro frente a posibles bajas en la cotización internacional.
Olmos explicó que la pérdida señalada por la AGN corresponde a los pagos efectuados por las coberturas, mientras que el resultado positivo informado por el Banco Central se relaciona con la revalorización de los activos en oro. Además, sostuvo que esa suba no puede atribuirse exclusivamente a la actual conducción, ya que las tenencias fueron adquiridas durante gestiones anteriores, entre ellas las de Alfonso Prat-Gay, Martín Redrado y Mercedes Marcó del Pont.
El titular de la AGN también precisó que la disposición y el traslado de los lingotes serán examinados en otro informe que todavía está en elaboración. De esta manera, diferenció esa cuestión del análisis de los estados contables presentado sobre el ejercicio 2025.
El dictamen fue firmado por los siete integrantes del colegio de auditores, aunque hubo diferencias sobre la inclusión de la cifra correspondiente a las coberturas. Los dos representantes propuestos por La Libertad Avanza y el integrante de la Unión Cívica Radical, Luis Naidenoff, se pronunciaron en contra de incorporarla, mientras que los otros cuatro miembros votaron a favor.
Frente a las acusaciones de que el informe responde a intereses partidarios, Olmos recordó que el artículo 85 de la Constitución Nacional establece que la presidencia de la AGN corresponde a un representante de la oposición con mayor representación parlamentaria. También cuestionó que se descalifique un documento técnico por la identidad política de quien conduce el organismo.
