La negociación contempló modificaciones al proyecto de biocombustibles, especialmente en lo referido a la participación de las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel. A cambio, el oficialismo busca avanzar con la iniciativa de Inocencia Fiscal II, uno de los proyectos que considera prioritarios.
La posibilidad de realizar la sesión había estado en duda debido a la falta de acuerdo sobre el régimen de biocombustibles y a los reclamos de legisladores de La Pampa hacia el Poder Ejecutivo. Sin embargo, las conversaciones permitieron destrabar la situación durante la noche del miércoles.
Luego de la reunión de labor parlamentaria, el Senado incorporó al temario los acuerdos diplomáticos, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Inocencia Fiscal II y el proyecto de biocombustibles.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central quedó fuera de la agenda. El oficialismo buscaba incorporarla, pero no consiguió consenso respecto del mecanismo para designar a las autoridades y directores de la entidad.
La negociación con los gobernadores también contempla otros proyectos que distintos sectores pretenden incorporar al debate. Entre ellos aparecen la iniciativa de Zonas Frías y el proyecto de mercado de carbono.
Uno de los puntos que todavía genera preocupación entre los senadores son los compromisos asumidos por el Gobierno nacional con los gobernadores. En ese marco, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a reclamar mayor reciprocidad de la Nación y señaló que las provincias no habían recibido suficientes gestos por parte del Ejecutivo.
Pese a las diferencias, los legisladores que participaron de las conversaciones anticiparon que habrá quórum y que el proyecto de biocombustibles será uno de los principales ejes de la sesión. Los cambios acordados serán incorporados durante el tratamiento en el recinto.
Entre las modificaciones previstas aparece la posibilidad de que las empresas no integradas puedan formar parte de grupos económicos que compitan en el mercado abierto. También se liberará el 3% que estaba reservado exclusivamente para empresas no integradas que no formen parte de esos grupos.
El nuevo esquema incorpora además un diferencial por distancia reclamado por La Pampa y San Luis. El objetivo de esa modificación es contemplar la desventaja que tienen las plantas ubicadas en el interior frente a las grandes compañías integradas.
El régimen mantendrá inicialmente un corte obligatorio de biodiésel del 7,5%, con una previsión de elevarlo al 10% un año después de la eventual sanción de la ley. Para las empresas no integradas se establece un esquema de participación protegida que se reducirá progresivamente: será del 6,5% hasta fines de 2028, del 5,5% durante 2029, del 5% en 2030 y del 3% a partir de 2031.
El dictamen también dispone que desde 2036 el 30% del volumen correspondiente al corte obligatorio quedará reservado para empresas no integradas. Con un corte del 10%, ese porcentaje equivaldría a tres puntos porcentuales del mercado.
Las pequeñas y medianas empresas del sector, sin embargo, plantean que ese porcentaje no funcione únicamente como un piso de participación, sino como una cuota más amplia y permanente dentro del mercado.
La senadora Carolina Moisés consideró que el acuerdo alcanzado representa un punto intermedio entre las distintas posiciones y sostuvo que permitió mejorar las condiciones para la industria. Según explicó, el entendimiento fue trabajado junto con senadores de San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe.
El tratamiento de los biocombustibles quedó así integrado a una negociación parlamentaria más amplia, en la que el oficialismo busca reunir los votos para aprobar Inocencia Fiscal II y los gobernadores pretenden avanzar con modificaciones reclamadas para el sector productivo de sus provincias.
La sesión de este jueves será el primer escenario en el que se pondrán a prueba los acuerdos alcanzados durante las últimas horas y en el que se definirán los cambios finales del proyecto de biocombustibles.
