El plazo había sido extendido por 15 días hábiles luego de un pedido de la defensa. El juez federal Ariel Lijo hizo lugar a esa solicitud y permitió que Adorni contara con tiempo adicional para analizar la documentación incorporada al expediente y preparar las explicaciones correspondientes. La nueva fecha límite vence esta semana.
El pedido de justificación patrimonial surgió de un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). El organismo realizó un cruce entre las declaraciones juradas, información bancaria, registros inmobiliarios, operaciones con activos virtuales y movimientos migratorios. El análisis consta de 207 fojas.
Uno de los principales puntos que deberá explicar está relacionado con la diferencia entre los ingresos y los gastos registrados por el grupo familiar. De acuerdo con el informe, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se declararon ingresos por aproximadamente $229,7 millones, mientras que los gastos alcanzaron unos $272,8 millones. La diferencia es de alrededor de $43,1 millones.
A ese desbalance se suman operaciones realizadas en moneda extranjera. El análisis detectó gastos por aproximadamente u$s402.578 que, según la investigación, no quedarían suficientemente explicados por los ingresos declarados. Entre las erogaciones bajo análisis aparecen operaciones inmobiliarias, remodelaciones, compra de mobiliario, alquileres y viajes al exterior.
Otro de los puntos centrales está vinculado con los dólares en efectivo incorporados a las declaraciones juradas mediante rectificaciones. Adorni atribuyó esos fondos a la venta de activos, por lo que deberá precisar qué bienes fueron vendidos, en qué fechas, quiénes fueron los compradores y cuál fue el destino posterior del dinero obtenido.
La investigación también puso el foco en dos propiedades. Por un lado, deberá justificar el origen de los fondos utilizados para adquirir un lote en el country Indio Cua y afrontar las obras realizadas posteriormente. En particular, se analizan pagos en efectivo al contratista Matías Tabar por un monto cercano a los u$s245.000.
Por otro lado, el requerimiento incluye la compra de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito y los gastos destinados a su equipamiento. La fiscalía busca establecer cómo se financió la operación y también pidió precisiones sobre determinados gastos vinculados patrimonialmente con su esposa, Bettina Angeletti.
El descargo deberá abarcar además préstamos declarados con familiares, la adquisición de una camioneta Jeep, consumos vinculados con viajes al exterior y gastos que habrían sido abonados por terceras personas. También se solicitaron precisiones sobre honorarios profesionales asociados con operaciones inmobiliarias.
Las operaciones con criptomonedas constituyen otro de los capítulos del expediente. La Justicia pidió información a plataformas de activos virtuales para reconstruir los movimientos realizados y determinar el origen de los fondos utilizados para iniciar esas inversiones. Adorni había declarado que contaba con criptoactivos desde antes de incorporarse a la función pública.
El análisis patrimonial también detectó movimientos en cuentas bancarias que, de acuerdo con el requerimiento fiscal, no aparecerían vinculados con ingresos salariales provenientes del Estado. Por ese motivo, la presentación deberá precisar el origen de esos depósitos y explicar otros fondos incluidos en las declaraciones patrimoniales.
Con el vencimiento del plazo previsto para esta semana, la defensa deberá responder cada uno de los puntos planteados en el requerimiento fiscal y aportar, en caso de corresponder, la documentación que permita justificar el origen y destino de los fondos y las operaciones observadas.
