La iniciativa quedó formalizada mediante la Resolución 445/2026 del Ministerio de Justicia, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques y publicada en el Boletín Oficial. La nueva Red Federal de Observatorios Universitarios de Justicia tendrá como objetivo generar evidencia empírica a nivel federal y desarrollar indicadores que permitan comparar la situación entre distintas jurisdicciones y regiones.
El esquema también contempla la realización de investigaciones aplicadas sobre temas como el acceso a la Justicia, la modernización y digitalización de los procesos judiciales, la gestión institucional, la transparencia y las reformas del sistema.
La red estará integrada por observatorios, centros de investigación y equipos académicos pertenecientes a instituciones del Sistema Universitario Nacional. La incorporación de cada institución se concretará mediante convenios con el Ministerio de Justicia.
Entre sus funciones estará también el análisis y la evaluación de políticas públicas, programas y procesos de gestión vinculados con el sistema judicial. A partir de esos estudios, la red podrá elaborar recomendaciones técnicas, aunque estas no tendrán carácter vinculante.
La iniciativa apunta además a fortalecer las capacidades de las universidades en áreas como investigación jurídica, estadística, análisis de datos y evaluación de políticas públicas, mediante un trabajo coordinado entre los distintos equipos académicos que participen.
La coordinación técnica e institucional quedará a cargo de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil. Esa dependencia deberá convocar a las instituciones interesadas, impulsar los convenios de cooperación, establecer lineamientos metodológicos generales, articular el trabajo de los equipos universitarios y sistematizar la información producida.
Los resultados podrán ser utilizados tanto por el Ministerio de Justicia como por las instituciones participantes para elaborar informes, estudios, reportes técnicos, documentos de trabajo, publicaciones y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de las políticas públicas relacionadas con la Justicia.
La resolución establece además criterios específicos para el tratamiento de la información. Los datos utilizados y difundidos deberán ser públicos, institucionales, agregados o estar debidamente anonimizados, y su producción deberá respetar las normas vigentes sobre protección de datos personales, confidencialidad y resguardo de información sensible.
La creación de la red no implicará la incorporación de nuevas estructuras administrativas ni una asignación presupuestaria adicional. Su funcionamiento será sostenido con los recursos humanos, financieros y materiales que ya se encuentran disponibles en el Ministerio de Justicia.
