La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó la decisión del juez federal Sebastián Ramos, quien consideró que la declaración de Tapia no resulta necesaria en la actual etapa de la investigación. Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi avalaron el criterio y señalaron que la citación podría evaluarse nuevamente si cambian las circunstancias del expediente.
El pedido había sido realizado por el fiscal Carlos Stornelli, quien consideró relevante incorporar el testimonio de Tapia para conocer detalles del operativo que permitió la liberación y posterior repatriación a la Argentina del gendarme Nahuel Gallo, una gestión en la que intervino la AFA.
Ramos había entendido que, “de momento”, no resultaba oportuno convocar al titular de la entidad del fútbol argentino. La Fiscalía apeló esa decisión y sostuvo que el testimonio era pertinente y adecuado para el avance de la investigación.
La querella también respaldó la solicitud. El abogado Tomás Farini Duggan consideró necesaria la declaración para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.
Al analizar el planteo, la Cámara Federal recordó que el artículo 199 del Código Procesal Penal permite a las partes proponer las medidas de prueba que consideren necesarias para avanzar en una investigación. Sin embargo, los magistrados remarcaron que esa facultad se limita a solicitar diligencias y que corresponde al juez instructor decidir cuáles deben llevarse adelante.
De esta manera, los camaristas confirmaron que Ramos podía rechazar por ahora la convocatoria sin que eso implique descartar definitivamente el testimonio. La Cámara dejó expresamente abierta la posibilidad de que Tapia sea citado más adelante si aparecen nuevos elementos o se modifican las circunstancias del expediente.
La decisión judicial se conoció el mismo día en que Nahuel Gallo pidió que se ordenen detenciones y capturas internacionales contra cinco funcionarios vinculados al chavismo, entre ellos el exfiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
El planteo de Gallo se realizó dentro de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen de Nicolás Maduro, causa en la que se analiza también la situación de funcionarios venezolanos.
