La discusión sobre el régimen de responsabilidad penal juvenil ocupó un lugar central. La normativa contempla que los adolescentes de 14 años en adelante acusados de cometer un delito ingresen a un proceso penal con garantías específicas y la intervención de fiscales, defensores y jueces especializados. Entre los derechos previstos se encuentran el acceso a una defensa, un juicio en un plazo razonable y la protección de la identidad.
Sin embargo, uno de los principales interrogantes planteados durante el debate estuvo relacionado con la infraestructura disponible para alojar a los menores. Los centros de detención para adolescentes de la provincia atraviesan una situación de saturación, mientras que la legislación establece que los jóvenes no pueden compartir instalaciones con adultos.
El nuevo esquema requiere establecimientos especializados, personal capacitado, asistencia psicológica, recursos educativos y espacios destinados a talleres de formación laboral. En un escenario marcado por restricciones presupuestarias y dificultades financieras, la capacidad del Estado bonaerense para poner en funcionamiento el nuevo régimen aparece como uno de los principales desafíos.
Otro de los temas abordados fue la relación entre Inteligencia Artificial y Justicia. Durante el encuentro se advirtió sobre el riesgo de delegar en herramientas tecnológicas decisiones que deberían continuar bajo responsabilidad humana.
En ese sentido, se cuestionaron modelos implementados en otros países que utilizan algoritmos para tomar decisiones automatizadas con el objetivo de reducir la acumulación de expedientes en los tribunales. La postura expuesta fue que, detrás de cada causa judicial, existen personas y que en muchos casos están en juego cuestiones como la libertad, los vínculos familiares y la dignidad.
La Inteligencia Artificial fue considerada una herramienta con capacidad para agilizar tareas rutinarias y determinados procedimientos, aunque se remarcó que la posibilidad técnica de automatizar una actividad no implica necesariamente que esa decisión deba quedar en manos de un sistema tecnológico.
El debate también incluyó la situación de las vacantes en la Justicia bonaerense. Pese a que durante los últimos dos años se realizaron más de 300 nombramientos, todavía existen dependencias que funcionan sin autoridades titulares y deben recurrir a esquemas de rotación, una situación que genera dificultades especialmente en el interior de la provincia.
La cobertura de los cargos vacantes fue señalada como una condición necesaria para garantizar el funcionamiento regular del sistema y reducir la sobrecarga que recae sobre los jueces que deben desempeñarse de manera subrogante.
La situación de la Suprema Corte de Justicia bonaerense también formó parte de la discusión. El máximo tribunal provincial mantiene vacantes que no fueron cubiertas debido a la falta de acuerdos políticos entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura bonaerense.
Respecto de eventuales postulaciones para integrar el máximo tribunal, se planteó que se trata de decisiones que corresponden al gobernador. Al mismo tiempo, se sostuvo que la Suprema Corte, al igual que los juzgados de primera instancia, necesita contar con la totalidad de sus cargos cubiertos para garantizar su funcionamiento.
El encuentro puso así sobre la mesa distintos desafíos que atraviesa el Poder Judicial bonaerense: la implementación de un nuevo régimen penal para adolescentes, la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial y la necesidad de completar las estructuras judiciales que permanecen vacantes. La infraestructura, los recursos y la disponibilidad de jueces aparecen como cuestiones centrales para llevar adelante las reformas previstas.
