Franco Casco, de 20 años, vivía en Florencio Varela y había viajado a Rosario para visitar a familiares cuando fue detenido el 7 de octubre de 2014. Según los registros policiales, fue arrestado durante un procedimiento y trasladado a la Comisaría Séptima de la ciudad. A las 22:00 de esa misma noche, logró recuperar su libertad y firmó el acta de excarcelación. Sin embargo, dos días después, la familia de Casco se preocupó al no tener noticias de él. Lamentablemente, casi tres semanas después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Paraná.
Si bien la autopsia no halló lesiones y la causa de muerte fue clasificada como “indeterminada”, la Justicia Federal determinó que el joven había sido asesinado dentro de la comisaría, y que los agentes involucrados habían encubierto el crimen. Con esta conclusión, dos años y medio más tarde se realizaron detenciones de aproximadamente 30 efectivos, de los cuales 19 fueron llevados a juicio. En 2023, todos fueron absueltos.
Uno de ellos, el subcomisario Gianola, quien pasó casi seis años detenido antes de ser exonerado, accedió a repasar su experiencia durante este proceso, así como el sufrimiento que atravesó su familia. Su detención se desarrolló en diferentes etapas: “Primero estuve detenido en Gendarmería, luego en el penal federal de Marcos Paz y, tras un tiempo, se me otorgó el arresto domiciliario”, relató. Sin embargo, aclara que este beneficio no fue definitivo: “En un momento, el juzgado comunicó que ya no correspondía el arresto domiciliario, dado que lo había solicitado por mi hijo, así que fue otra despedida dolorosa que él tuvo que afrontar”.
Durante su tiempo en prisión, las visitas semanales de su hijo fueron su único apoyo emocional. Gianola afirmó: “Una vez por semana, recibir una sonrisa de tu hijo ayuda a borrar un sinfín de problemas, alivia la carga y te permite superarlo, generando la expectativa de volver a verlo la semana siguiente”.
Cuando le revocaron el arresto domiciliario, fue trasladado a una celda de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En el caso de su hijo Ignacio, que ya estaba realizando terapias motrices y psicológicas antes de la detención de su padre, la situación se tornó crítica: “Los especialistas afirmaban que lo estaba llevando bastante bien, pero de repente un día empezó a perder el cabello. Dicen que puede ser por el estrés acumulado, ya que todo se concentra y llega un momento en que explota. Se le cayeron prácticamente todos los cabellos de la nuca”. Este preocupante episodio ocurrió justo mientras Gianola estaba detenido en Marcos Paz.
La salud de Ignacio mejoró cuando su padre consiguió el arresto domiciliario, pero ese avance fue contradictorio, ya que coincidió con la revocación del beneficio: “Empezó a sanar, y en el momento en que estaba mejor, me sacaron del arresto domiciliario”.
A la distancia, Gianola también recuerda con tristeza que su madre falleció mientras él estaba bajo arresto domiciliario, antes de finalizar el juicio. “El juez tuvo compasión y me otorgó dos horas y media para asistir al velorio”. El testimonio del subcomisario se repite, aunque con matices, en las familias de otros acusados que también han compartido sus experiencias.
Verónica Enciso, esposa del policía Guillermo Gysel, narró que durante las visitas al Penal Federal de Marcos Paz se sintieron forzadas a mentir a sus hijos sobre el paradero del padre: “A nuestros hijos les dijimos que su padre estaba ahí porque estaba trabajando, esto lo hicimos porque eran muy pequeños”. Sin embargo, esta versión duró poco: “Tras varias visitas, uno de ellos me dijo que ese no era un lugar donde trabaja su papá, sino un lugar feo”.
Enciso también mencionó las incomodidades que debían enfrentar sus hijos durante las requisas: “Los chicos, debido a su edad, no pasaban por el escáner y debían desnudarse para comprobar que no llevaban nada. Tenían que quitarse la ropa y volver a ponérsela, algo complicado para niños de tan corta edad”. Además, menciona que tras las visitas, las secuelas físicas eran evidentes: “Regresaban enfermos. Iban sanos y volvían con broncoespasmos”. Remarcó también las preocupaciones en torno a la comida que llevaban: “Con el mismo cuchillo sucio que utilizaban para abrir el jabón en polvo, cortaban la comida”.
Frente a esos momentos difíciles, las familias encontraron consuelo en la capilla del pabellón: “Para darnos fuerzas entre nosotros, nos reuníamos a rezar el día de las visitas”. Elisabet Gysel, hermana de Guillermo, indicó que sus sobrinos, que tenían 4 años y un año al momento de la detención, también vivieron la angustia de la situación. “Santiago, el más pequeño, solía descomponerse la noche previa a visitar a su padre en la cárcel. Tenía vómitos y problemas estomacales. Le afectaba no poder verlo de manera regular y luego no saber cuándo lo volvería a ver. Era su forma de manifestar el malestar”.
En cuanto al mayor de sus sobrinos, Elisabet recordó sus interrogantes sin respuesta: “Preguntaba por qué su papá no estaba presente en su cumpleaños, en Navidad, en el Día del Padre”. En un momento de reflexión, Gysel resumió el impacto que esta situación causó en su grupo familiar: “Nos destruyó como familia. Fueron seis años de incertidumbre, sin poder celebrar fiestas ni cumpleaños; mi madre enfermó y comenzó a padecer problemas de salud que antes no había tenido”.
La hermana de Guillermo también reveló el estigma social que enfrentaron: “Recuerdo que hable con una persona del trabajo y perdí la voz por semanas. No soporté que me dijera que mi hermano es un asesino. Le pregunté por qué hablaba así de él, solo por ser policía lo acusaba”.
Respecto a las pruebas presentadas en el juicio, Gysel especificó: “Cuando vi la grabación de seguridad que mostró a Franco Casco cerca de la cancha del Club Rosario Central, me impactó. Era él, y la Fiscalía afirmaba que lo mataron en la comisaría”. Ella acentuó que, en medio de esta lucha, “muchas mamás fallecieron sin saber que sus hijos fueron absueltos”.
Alejandra Gómez, esposa del policía Marcelo Guerrero, vivió una situación similar al explicarle a su hijo la verdad sobre su padre. “Lorenzo tenía 6 años cuando mi esposo fue detenido y preguntaba por él. Le dijimos que estaba trabajando en Gendarmería Nacional”, relató. Con el tiempo, Gómez reconoció que se sentía frustrada ante la injusticia y la dificultad de abordar el tema con su niño: “No sabía cómo explicárselo a él”. Finalmente, cuando la verdad salió a la luz, su hijo se angustió: “Le tuvimos que explicar que a su papá lo acusaban de algo que no había cometido. Eso lo afectó, ya comprendió que su padre no podría acompañarlo a ningún lugar”.
Laura Martínez, hermana del policía Fernando Blanco, contó una situación parecida con sus sobrinas: “Al principio, mentimos diciendo que su padre se había ido a hacer un curso a otro lugar y por eso no regresaba a casa”. Una de sus sobrinas, que no entendía la ausencia del padre, se cuestionaba por qué no podía llevarla a jugar al parque, por qué no la podía llevar a la escuela o al médico cuando estaba enferma. Martínez subrayó: “Eso nos destruyó a todos”.
En cuanto al veredicto de la absolución en Rosario, recordó el alivio que sintieron: “Sabía que había pruebas que demostraban su inocencia. Fue una alegría inmensa, decíamos: se acabó”. Mariela Terengue, esposa del comisario Diego Álvarez, jefe de la Comisaría Séptima en el momento de los hechos, fijó con claridad el inicio del tormento. “El 4 de septiembre de 2017, recibí un mensaje de mi marido que decía: ‘Feliz cumpleaños, mi amor. Lamentablemente me van a detener. Esto se resolverá pronto'”, compartió. Terengue expresó la angustia que vivieron desde aquel instante: “Pensábamos que esto duraría pocos días, pero resultó ser el comienzo de una pesadilla”.
Acerca del ambiente que rodeaba el caso, sostuvo: “La condena social ya estaba anticipada; parecía que todos tenían un veredicto previo”. Por su parte, Hugo Álvarez, hermano del comisario y presidente de una ONG que lucha por la inocencia de los detenidos, reflexionó sobre el impacto intergeneracional de esta causa: “Muchos permanecieron detenidos seis años, y esta situación dejó una marca indeleble en sus hijos”. Resaltó que varios de estos niños pasaron más tiempo sin sus padres que junto a ellos: “Son traumas irreparables que la Justicia no puede devolver”.
A pesar de la absolución en 2023, el caso sigue sin resolverse definitivamente, ya que el Tribunal de Casación dio lugar a un recurso del fiscal federal Oscar Arrigo y solicitó una nueva resolución. Los policías seguirán luchando, apelando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se ratifique su absolución.
