La Prefectura Naval Argentina notificó a más de 500 prácticos, mientras que al menos 140 buques permanecen detenidos en los accesos a terminales ubicadas en Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca y San Lorenzo. La situación afecta el ingreso y la salida de embarcaciones, con impacto sobre el comercio exterior y el abastecimiento de combustibles.
Especialistas consideran sobre el conflicto que la única salida es revisar el decreto y afirmó que, en las condiciones actuales, su aplicación resulta inviable. También señalaron que ningún capitán ingresaría a aguas restringidas que desconoce sin la asistencia de un práctico, debido a la responsabilidad que implicaría un eventual incidente.
Según explican, la situación no responde a una medida sindical tradicional, sino a la decisión de profesionales independientes de no prestar servicios mientras continúe vigente la normativa actual. Además, consideran que el nuevo régimen incorpora mayores regulaciones sobre la actividad en lugar de flexibilizarla.
Desde el Gobierno nacional sostienen que la desregulación busca promover la competencia y reducir costos. Sin embargo, desde el sector cuestionan ese planteo y aseguran que la figura del práctico continúa siendo indispensable para garantizar la seguridad de la navegación en los accesos a los puertos.
El decreto habilita el ingreso de nuevos prestadores y establece valores máximos para la prestación del servicio. No obstante, desde el ámbito profesional remarcan que ya existía un esquema tarifario vigente y que el costo del practicaje es afrontado por las compañías navieras dentro del valor total del flete.
También señalan que la intervención de los prácticos sigue siendo esencial para que los buques puedan ingresar y salir de los puertos de manera segura, motivo por el cual la interrupción de servicios provocó demoras en distintos puntos del país.
En paralelo, la Prefectura Naval Argentina inició un operativo para notificar a los profesionales en sus domicilios e intimarlos a retomar sus funciones. Desde el sector sostienen que no están dadas las condiciones para reiniciar la actividad mientras persista el conflicto.
El Decreto 690/2026 contempla la posibilidad de que personal de la Armada Argentina o de la Prefectura Naval asuma esas tareas en caso de ausencia de prácticos. Sin embargo, desde el sector profesional cuestionan esa alternativa y sostienen que la función requiere una capacitación específica, experiencia previa y habilitaciones otorgadas por el Estado.
Asimismo, remarcan que el ejercicio de la actividad demanda una formación especializada y la aprobación de los exámenes correspondientes para obtener la habilitación oficial.
Los representantes del sector consideran que cualquier persona que reúna los requisitos de formación y apruebe las evaluaciones establecidas puede acceder a la profesión y plantean que la salida al conflicto pasa por abrir una instancia de diálogo y revisar algunos aspectos de la reglamentación.
La paralización parcial de la actividad mantiene a más de 140 buques con demoras en distintos accesos portuarios y continúa afectando el movimiento de mercaderías y combustibles, con impacto sobre la logística y el comercio exterior.
