La búsqueda de la menor, M.G.S.A., se inició tras la denuncia presentada por su padre en la Comisaría 1ª de Santa Fe. Luego de que la justicia provincial se declarara incompetente, el caso pasó al fuero federal y se radicó en septiembre de 2024 en la Unidad Fiscal de Santa Fe.
La fiscalía argentina, bajo la dirección de Natalia Palacín y Juan Claudio Aguirre, subrayó que la menor se encontraba en un estado de vulnerabilidad, lo que llevó a acelerar los procesos para su repatriación. Asimismo, se solicitó a Interpol la emisión de una Notificación Azul para supervisar la situación de la madre y asegurar su comparecencia ante la justicia.
Las autoridades venezolanas, incluidas la Fiscalía Séptima del Ministerio Público con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Barinas, así como representantes del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes local, confirmaron la localización de la niña.
La situación está enmarcada en el artículo 146 del Código Penal, que aborda la sustracción de menores. De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio Público Fiscal, el descubrimiento se realizó luego de que un informante brindara datos concretos sobre el paradero de la menor y su madre.
El Ministerio Público Fiscal colabora con la Cancillería Argentina, mediante la Coordinación de Cooperación Jurídica en Materia Civil, Comercial y Restitución de Niños, Niñas y Adolescentes, que depende de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El objetivo es avanzar en el procedimiento de restitución internacional de la niña, tal como lo solicitó su padre.
La investigación federal se desarrolla en dos frentes: la causa penal por la presunta sustracción y el proceso de restitución internacional. Ambos procedimientos avanzan de manera coordinada para garantizar el regreso seguro de la niña a Argentina, según se informó desde la Unidad Fiscal de Santa Fe. Simultáneamente, la investigación sigue su curso para esclarecer los hechos.
La búsqueda inicial dio origen a una investigación compleja que involucró a diferentes organismos nacionales e internacionales y el uso de tecnologías inusuales en situaciones de este tipo.
Además, se consideraron posibles conexiones familiares de la pareja actual de la madre con Barinas, lo que respaldó la suposición de que la niña podría estar en esa área. La fiscalía emitió solicitudes de información a entidades venezolanas, como la empresa de telecomunicaciones DIGITEL y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, con el objetivo de rastrear líneas telefónicas y matriculación escolar posibles relacionadas con la menor.
Paralelamente, a mediados de 2026, Interpol emitió una notificación amarilla para facilitar la búsqueda y difusión internacional del caso. También se solicitó la colaboración ciudadana, estableciendo canales específicos para recibir información sobre la menor. La familia del padre, por su parte, denunció demoras en la actuación inicial y exigió mayor atención al caso a nivel nacional e internacional.
Un aspecto destacado de la investigación fue el análisis de direcciones IP vinculadas a cuentas que se presume fueron utilizadas por la madre. Con la colaboración de la Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), se georreferenciaron accesos a redes sociales y otros servicios digitales, diferenciando registros en Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Brasil, con accesos recientes desde el estado brasileño de Mato Grosso do Sul. Estas pistas fueron claves para enfocar la búsqueda internacional.
Según la hipótesis judicial, la madre habría sustrido, retenido y ocultado a la niña, trasladándola al exterior sin la autorización del padre y cortando el contacto con él. La causa fue caratulada como sustracción, retención y ocultamiento, y la investigación incluye el análisis de registros migratorios, testimonios y el monitoreo de redes sociales.
