La petición fue realizada ante el juzgado contencioso administrativo federal, que se encuentra de turno durante la feria. El objetivo es evitar que el expediente quede estancado y propiciar una solución al fondo del asunto, luego de que la Corte Suprema ratificara una medida cautelar que impone al Estado cumplir parcialmente con la normativa.
Dicha cautelar, confirmada por el máximo tribunal a finales de junio, instruyó al Poder Ejecutivo a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que se refieren a la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios, así como a la actualización de las becas estudiantiles. Sin embargo, las universidades afirman que esos aumentos aún no se han concretado.
Frente a esto, las universidades demandan una decisión judicial sobre el financiamiento y piden que la feria sea habilitada.
El requerimiento fue impulsado por el rector de la Universidad Nacional de Rosario, quien representa al CIN, y en él se critica la tardanza del Estado para cumplir no solo con la ley, sino también con las resoluciones judiciales.
“Desde agosto de 2025, cuando el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no hemos logrado que el Poder Ejecutivo Nacional la implemente. Ni siquiera se ha respetado la medida cautelar dictada y ya estamos en julio de 2026”, afirmó en su presentación.
El rector también señaló que el Ejecutivo ha utilizado diversas tácticas para prolongar el proceso judicial. “El PEN ha presentado numerosas solicitudes destinadas a entorpecer el trámite de este amparo”, agregó.
En este contexto, corresponderá al fiscal de feria pronunciarse sobre la solicitud de habilitación antes de que el juez Martín Cormick decida si el trámite del expediente continuará durante el receso judicial.
Aparte de exigir el cumplimiento de la cautelar, las universidades pretenden que la Justicia declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, que condiciona la implementación de la ley a la disponibilidad de una fuente específica de financiamiento, un enfoque que también ha sido aplicado a otras leyes aprobadas por el Congreso.
Si bien en junio el Gobierno firmó un acta comprometiéndose a transferir recursos para mejorar salarios, gastos operativos y hospitales universitarios, el CIN sostiene que esto no sustituye el cumplimiento total de la ley ni las órdenes judiciales previamente dictadas.
En junio, la Corte Suprema de Justicia ratificó la medida cautelar que obliga al Estado a implementar la ley de financiamiento universitario, reafirmando la decisión del tribunal contencioso administrativo federal de que el Gobierno debe cumplir de inmediato con una parte de la normativa antes de abordar la cuestión de fondo.
