Esta acción se interpreta como un gesto hacia la CGT, ya que devuelve a las organizaciones sindicales parte del margen de negociación que la reforma laboral había restringido, permitiendo así que discutan con las cámaras empresariales sobre aportes de mayor repercusión.
El decreto, que fue firmado el viernes 17 por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se oficializó este lunes en el Boletín Oficial.
La eliminación del límite del 2% permite que los montos de los aportes puedan ser acordados entre las entidades sindicales y las cámaras empresariales dentro de los convenios colectivos de trabajo, sin estar sujetos a un límite previamente establecido.
Este cambio supone un retroceso respecto al intento de restringir las denominadas cajas sindicales. A pesar de que el decreto impone condiciones sobre el uso y administración de los fondos, permite a los gremios recuperar la capacidad de negociación de una fuente de financiamiento que había quedado limitada.
Asimismo, se ha modificado la base de cálculo para estos aportes. A partir de ahora, se considerará el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador, así como las sumas remunerativas normales, habituales y que se perciban mensualmente de manera convencional.
Se excluyen de este cálculo los conceptos que no se consideren normales, habituales y mensuales. Esto incluye premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, el sueldo anual complementario (aguinaldo), plus vacacional y sumas no remunerativas, entre otros elementos que no se paguen de forma regular.
No obstante, los fondos no podrán utilizarse de manera indiscriminada. La normativa exige que se destinen exclusivamente a obras sociales, asistenciales, previsionales o culturales, beneficiando a los trabajadores representados por la asociación sindical.
Además, estos recursos deberán ser administrados y documentados de manera separada del resto de los bienes y fondos del sindicato, con el propósito de garantizar una gestión clara y facilitar un control de legalidad antes de la homologación de los convenios colectivos.
Esta decisión contrasta con el enfoque que había tomado la reforma laboral aprobada en febrero y regulada por el Poder Ejecutivo a principios de junio. Durante esas discusiones, la CGT había tratado de atenuar las restricciones al financiamiento sindical, aunque no había logrado modificar el esquema en el proceso de reglamentación.
El Gobierno ha presentado estos cambios como una clarificación técnica destinada a ordenar la aplicación de las normas vigentes, aunque el impacto político parece ser evidente: la CGT consigue una flexibilización en los límites que afectaban sus recursos y recupera parte de su capacidad de negociación con el sector empresarial.
