El acuerdo fue alcanzado tras una extensa serie de negociaciones con representantes de las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO, justo antes de que venciera la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo.
Fuentes del ámbito gremial habían indicado una semana atrás que las conversaciones continuaban, a pesar del vencimiento de los plazos administrativos. Durante la audiencia crucial, se consideraba que el hecho de que las partes continuaran reunidas era una señal alentadora, aunque se advertía que la situación podía complicarse en cualquier momento.
Finalmente, después de más de 15 horas de negociaciones, se decidió realizar un cuarto intermedio hasta la jornada actual, donde se concretó el acuerdo.
A pesar de que este acuerdo ha puesto fin a las tensiones salariales, ha dejado en evidencia otra disputa subyacente: la narrativa pública sobre quién se comprometió más y quién estableció las condiciones del arreglo.
En un breve comunicado emitido tras la firma, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) afirmó que “la industria logró hacer sentar a los sindicatos a negociar únicamente salarios” y destacó que el acuerdo “cubre todo el año 2026”, tomando como referencia las proyecciones de inflación brindadas por el REM del Banco Central.
La entidad añadió que el incremento acumulado alcanzó un 29,5%, un valor que consideran necesario para “garantizar la paz social durante todo el año”.
No obstante, testigos de las negociaciones señalaron que este mensaje fue parte de una estrategia comunicacional que la cámara impulsó a lo largo del proceso. Según esta perspectiva, mientras los comunicados públicos mostraron un tono de confrontación, las discusiones en la mesa paritaria se realizaron en un ambiente más conciliador, lo que facilitó el diálogo incluso en las audiencias más agotadoras.
Esta diversidad entre el tono de las negociaciones y el discurso público se evidenció en los días previos a la audiencia decisiva, cuando CIARA emitió un comunicado asegurando que los sindicatos “no tienen voluntad real de negociar salarios” y vinculó sus reclamos con críticas a la política económica del país.
El conflicto escaló tras el rechazo de los sindicatos a varias ofertas empresariales, incluida una propuesta de $15.000 para mayo, la cual calificaron como una “provocación”. Esta situación llevó a una huelga nacional el 27 de mayo, la cual fue suspendida por la conciliación obligatoria, y a una serie de audiencias que generaron gran preocupación en un sector clave para el ingreso de divisas.
Como en cada negociación paritaria, la Federación Aceitera sostuvo su demanda histórica de un Salario Mínimo, Vital y Móvil calculado de acuerdo con las necesidades establecidas en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, y no únicamente en función de la inflación.
En el comunicado posterior a la firma, las organizaciones sindicales manifestaron que defendieron este principio “en un contexto donde el Gobierno y las patronales han desatado un ataque en todas las líneas contra la clase trabajadora argentina”, además de reivindicar la huelga de mayo como un factor clave para lograr el acuerdo.
Este entendimiento pone fin, al menos por ahora, a un conflicto que mantuvo bajo presión a la principal cadena agroexportadora del país durante varias semanas. Una potencial medida de fuerza por parte de los aceiteros habría afectado seriamente la operativa de los puertos del Gran Rosario, fundamentales para la exportación de soja, harinas y aceites, y para la entrada de divisas en un momento crítico para la cosecha.
La relevancia de cada negociación entre trabajadores aceiteros y empresas explica el interés que genera el conflicto, tanto para el Gobierno como para el mercado. El complejo oleaginoso-cerealero es el principal generador de divisas de la economía argentina, y las empresas representadas por CIARA y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) concentran el 48% de las exportaciones del país.
Según el Monitor Agroindustrial, durante mayo, en el contexto de la cosecha de soja, las compañías del sector liquidaron 2.677 millones de dólares, un 7,3% más que en abril, gracias a un aumento en la molienda y la significativa llegada de camiones a las plantas industriales.
En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el sector aportó 10.344 millones de dólares, aunque aún se sitúa un 11,7% por debajo del mismo periodo de 2025.
Este movimiento también se evidenció en el ámbito logístico: durante mayo, ingresaron 166.149 camiones cargados con soja a las principales plantas y puertos del país, lo que equivale a 5,3 millones de toneladas, un incremento del 76% en comparación con abril, favorecido por el avance de la cosecha, que ya cubría alrededor del 85% del área sembrada.
