Entre los múltiples frentes que se abren para los candidatos a la presidencia se encuentra el desafío de atender el llamado urgente y condicionante de quienes dependen de la asistencia estatal como complemento para llegar a fin de mes. El Potenciar Trabajo (PT), por caso, el último nombre de uno de los principales programas en el área social, inició una pronunciada curva ascendente desde 2013 cuando la economía entró en un proceso de decaimiento sostenido. La administración de Mauricio Macri duplicó el programa -que llevaba otro nombre- y la del presidente Alberto Fernández replicó el movimiento: hoy el Potenciar Trabajo, que tiene como contraprestación 4 horas diarias de trabajo en un sinfín de sectores y tiene cerca de 1.3 millones de beneficiarios.
La expansión del gasto público, del que el PT es solo una muestra, no fue en detrimento de la pobreza, tal como señala un trabajo de Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), publicado en 2021, que no ha perdido actualidad: hoy la pobreza supera el 41%, según los últimos publicados por el INDEC y la partida presupuestaria del ministerio de Desarrollo Social se ha visto ampliada en más de una oportunidad a lo largo del año.
En ninguno de los frentes políticos que exhiben chances reales de tomar las palancas del Estado a fin de año circula la idea de suprimir la asistencia a los sectores más vulnerables, pero en todos ellos, con diferencias en los plazos y en las formas, se tiene como meta una transición hacia el empleo; un faro con una luz cada vez más mortecina en la última década.
“En cuatro años no vamos a tener ningún plan social”, prometió la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, el viernes pasado en una actividad que mantuvo con jubilados en Vicente López. Joaquín de la Torre, exintendente de San Miguel y su vocero en el área social: “Los planes son la no política social. Son soluciones de emergencia”, al tiempo que señala la clave para poder revertir la tendencia señalada: atender el umbral hacia la pobreza.
“La Argentina tiene un problema de flujo hacia la pobreza. Tenemos más chicos menores de 18 años pobres que adultos pobres. Es una realidad del país con la que convive hace más de 30 años”, resalta y detalla un plan social con etapas segmentadas por edad: en la primera infancia (de 0 a 4 años) el foco estará puesto en la nutrición, la salud, y la generación de un entorno familiar propicio para el desarrollo; en la segunda instancia (de 4 a 15) el eje central es la escolaridad, con seguimiento también en la nutrición y las vacunas; y, entre los 15 y los 18 años, el esfuerzo se concentra en la terminalidad educativa, con un vínculo “blando” hacia el empleo. Todo ello, explica De la Torre, apalancado en un esquema de incentivos que retribuyan el cumplimiento de una serie de índices como talla, peso, y exámenes educativos.
“La idea es cambiar el subsidio por el incentivo. Todas estas son obligaciones provinciales. Las provincias serán recompensadas a medida que mejoren sus índices”. El objetivo, detalla, es poner a todos los chicos de 18 años “en la misma línea de largada”.
