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Detectaron un perjuicio fiscal de más de $82 millones en un registro automotor de Rosario y dispusieron una sanción contra su exencargado

18 noviembre, 2026
in Política
Detectaron un perjuicio fiscal de más de $82 millones en un registro automotor de Rosario y dispusieron una sanción contra su exencargado
El Ministerio de Justicia determinó que el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario N° 12 incumplió la obligación de depositar fondos correspondientes al Estado y ocasionó un perjuicio fiscal de $82.557.801,47. Por ese motivo, dispuso incorporar a los antecedentes administrativos de su exencargado, Alejo Uribe Escobar, la sanción de remoción que le habría correspondido si hubiera continuado en el cargo.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 559/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Además de dejar asentada la sanción, el Ministerio instruyó a sus áreas correspondientes para que impulsen las acciones administrativas o judiciales necesarias para recuperar el dinero adeudado.

La investigación había comenzado a través de la Resolución 224/2024 y estuvo centrada en la falta de transferencia, dentro de los plazos establecidos, de los excedentes de recaudación que debían ingresar a la Administración Central. El expediente examinó particularmente los períodos de marzo, abril y mayo de 2024.

De acuerdo con la normativa vigente, los registros seccionales deben depositar esos fondos dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes. Sin embargo, el organismo ubicado en Rosario no cumplió con esa obligación.

Durante el procedimiento se reunieron documentación, informes técnicos y distintas pruebas para determinar las responsabilidades. La investigación fue impulsada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

Uribe Escobar había renunciado antes de que concluyera el sumario, y su salida fue aceptada mediante la Resolución 310/2024. Posteriormente, presentó planteos de nulidad para intentar frenar el procedimiento. Entre sus argumentos sostuvo que, al no ocupar ya el cargo, no correspondía aplicarle una sanción ni dejar registrada una remoción que consideró virtual. También advirtió que la continuidad de la investigación podía ocasionarle consecuencias económicas y un perjuicio moral.

El Ministerio de Justicia rechazó esos planteos y consideró que la renuncia no impedía avanzar con una investigación cuando existían indicios de un daño al patrimonio público. Para fundamentar esa postura, la resolución recurrió a la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación y explicó que dejar constancia de la sanción en el legajo funciona como una medida preventiva ante un eventual regreso del exfuncionario a la administración pública.

En sus descargos, Uribe Escobar también denunció una supuesta persecución política y atribuyó los incumplimientos a una crisis económica que, según su explicación, afectaba tanto al registro involucrado como al sistema registral en general.

Sin embargo, la instrucción administrativa evaluó las pruebas presentadas y concluyó que no había elementos suficientes para respaldar esa justificación. Tampoco encontró indicios de una situación generalizada de deterioro económico en los registros que permitiera explicar la falta de transferencia de los fondos.

La resolución remarcó que los responsables de organismos que ejercen funciones delegadas por el Estado no pueden retener recursos públicos por decisión propia ni utilizarlos para compensar dificultades financieras. Esa posibilidad, según el criterio expuesto, no resulta aplicable al funcionamiento de los registros públicos. Asimismo, el Ministerio sostuvo que el exencargado tuvo acceso al expediente y pudo ejercer su derecho de defensa.

En cuanto al monto del perjuicio, la estimación inicial de la instrucción había sido de $45.999.117,61, sin contemplar intereses y limitada a los meses incluidos en la investigación. Posteriormente, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizó una revisión y, mediante el Informe Técnico 72/2026, actualizó el daño a $82.557.801,47 al 26 de agosto de 2026. El organismo calificó esa cifra como de relevante significación económica.

El expediente también señala que existieron otros períodos en los que se registraron deudas, aunque esos montos no formaron parte del objeto específico del sumario.

La resolución no agota la instancia administrativa. Uribe Escobar todavía puede presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación o interponer un recurso jerárquico en un plazo de 30 días hábiles.

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