“Hay que terminar de una vez por todas con el call center tumbero”, afirmó el legislador al presentar la propuesta, que busca modificar la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Según explicó, el objetivo es impedir que las personas detenidas continúen dirigiendo organizaciones criminales desde los establecimientos penitenciarios.
En materia de comunicaciones, el proyecto plantea que los contactos se realicen mediante sistemas autorizados y supervisados. Las restricciones alcanzarían a los teléfonos móviles, las llamadas desde líneas fijas, el acceso a internet y la correspondencia. La iniciativa apunta a prevenir delitos como estafas, secuestros virtuales y actividades vinculadas con el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas.
La propuesta también contempla habilitar líneas telefónicas para mantener el contacto con familiares y abogados. Además, incorpora la posibilidad de realizar videollamadas con los defensores, con el objetivo de facilitar el acceso a la Justicia y reducir la necesidad de trasladar a los internos.
Otro de los ejes es la implementación de uniformes penitenciarios obligatorios, diferenciados según tres niveles de peligrosidad: leve, medio y alto. Las prendas serían de color beige o marrón claro y contarían con líneas verticales para identificar la clasificación de cada detenido. Quienes estén incluidos en el nivel leve llevarían una línea en el frente y la espalda; los de nivel medio, dos; y los de nivel alto, tres. En tanto, las personas próximas a recuperar la libertad utilizarían uniformes lisos.
Martínez sostuvo que el sistema no tendría un carácter discriminatorio, sino que respondería a un criterio de igualdad entre los internos. La iniciativa también propone establecer estándares de dignidad para la vestimenta utilizada en los establecimientos penitenciarios.
El tercer componente central del proyecto es la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC). El mecanismo permitiría que los detenidos que perciban ingresos por su trabajo contribuyan a financiar gastos de alimentación, servicios generales, atención médica y vestimenta.
“El que está privado de su libertad debe hacer frente a los gastos que genera dentro de la cárcel”, afirmó el diputado. La propuesta contempla un régimen especial de trabajo orientado a promover hábitos laborales y favorecer la reinserción social. Al mismo tiempo, establece que la contribución económica de los internos no debe eximir al Estado de su obligación de garantizar condiciones adecuadas de detención.
El legislador defendió la iniciativa al señalar que las personas que cumplen una condena también deben asumir responsabilidades vinculadas con su permanencia en prisión. Sin embargo, los detalles operativos del arancel y los mecanismos para aplicarlo dependerán del desarrollo del proyecto y de una eventual reglamentación.
La presentación se suma a otra iniciativa impulsada por Martínez en abril, que proponía penas de entre uno y tres años de prisión para los internos que tuvieran teléfonos celulares en su poder dentro de los establecimientos penitenciarios. Si los dispositivos fueran utilizados para cometer delitos, las penas previstas podrían alcanzar entre tres y cinco años.
El nuevo proyecto deberá atravesar el debate parlamentario para avanzar hacia una eventual modificación del régimen penitenciario. Hasta su aprobación, las restricciones sobre las comunicaciones, los uniformes obligatorios y el arancel carcelario continúan siendo propuestas legislativas y no medidas implementadas.
