Las iniciativas fueron formalizadas mediante las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas en el Boletín Oficial.
La primera de las medidas establece el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), que funcionará dentro de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia.
El programa tendrá un coordinador encargado de dirigir y realizar el seguimiento de las actividades previstas. Para esa función fue designado, con carácter “ad honorem”, Mariano Tomás Rivas, asesor de la Subsecretaría.
Entre las atribuciones del PRONACIB se encuentra la posibilidad de conformar mesas interinstitucionales de colaboración, tanto generales como específicas. Estos espacios podrán incluir a distintas instancias del sector público y privado vinculadas con los objetivos y lineamientos establecidos para el programa.
En paralelo, la Resolución 484/2026 creó el Programa de implementación del Régimen Penal Juvenil. La iniciativa funcionará dentro de la Dirección de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal y tendrá a su cargo el desarrollo de acciones y líneas de trabajo relacionadas con la puesta en marcha del régimen.
Al igual que el programa destinado a ciberdelincuencia, esta estructura contará con una coordinación específica para conducir y supervisar las actividades. Débora Eliana Di Girolamo fue designada para ocupar ese cargo, también con carácter “ad honorem”.
El Programa de implementación del Régimen Penal Juvenil contempla una serie de objetivos específicos y prevé desarrollar sus tareas mediante distintas líneas de acción definidas en la resolución.
Ambas medidas fueron adoptadas por el Ministerio de Justicia y establecen estructuras de coordinación y seguimiento para avanzar en las áreas de política criminal contempladas en cada programa.
