La convocatoria contempla dos reuniones: los representantes de los docentes fueron citados a las 11, mientras que los trabajadores no docentes deberán presentarse a las 15. El encuentro permitirá reanudar una negociación que había quedado suspendida desde el 1 de septiembre.
Hasta el momento, el Ejecutivo no presentó una nueva propuesta salarial. Desde el Gobierno sostienen que la convocatoria responde al cumplimiento de las medidas cautelares dictadas en relación con la Ley de Financiamiento Universitario.
El principal punto de conflicto está relacionado con la recomposición de los salarios y con el criterio que debería utilizarse para determinar la actualización. Los sindicatos sostienen que los trabajadores mantienen una pérdida acumulada y reclaman la aplicación completa de la Ley 27.795.
La norma establece que los salarios de docentes y no docentes deben ser recompuestos desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley, tomando como referencia un porcentaje que no sea inferior a la inflación acumulada. También dispone que el Poder Ejecutivo debe convocar a negociaciones paritarias con una periodicidad máxima de tres meses.
Además, la legislación establece actualizaciones salariales mensuales que no pueden ubicarse por debajo de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El conflicto también llegó a la Justicia. Una medida cautelar promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional dispuso la aplicación de los artículos vinculados con salarios y becas. A su vez, la Universidad de Buenos Aires obtuvo una resolución específica dentro de la controversia relacionada con la implementación de la ley.
El alcance de esas obligaciones es uno de los puntos sobre los que existen diferencias entre el Gobierno y las universidades, en particular respecto de las medidas que deben aplicarse y de su impacto sobre las partidas presupuestarias.
La nueva reunión se realizará, además, apenas dos días después de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027 ante el Congreso. La iniciativa volvió a colocar el financiamiento de las universidades nacionales entre los principales temas de discusión.
En ese proyecto, el artículo 12 contempla una partida de $7.349.082 millones destinada a gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales.
De esta manera, la negociación salarial y el debate presupuestario avanzarán en paralelo, mientras los sindicatos reclaman la recomposición prevista por la normativa y el Gobierno sostiene que las nuevas reuniones responden al cumplimiento de las decisiones judiciales.
