El caso comenzó a partir de una actuación administrativa que detectó inconsistencias en febrero de 2026. En esa instancia se identificaron suplementos que no correspondían a cinco agentes. La denuncia fue presentada por Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, y señala que durante el período investigado se realizaron 645 acreditaciones indebidas por un total de $981.148.567,88.
De acuerdo con la presentación judicial, los importes depositados superaban los haberes que correspondían en cada caso o directamente no contaban con respaldo. La revisión realizada posteriormente incluyó la comparación entre las liquidaciones, los recibos emitidos, los archivos enviados al Banco Nación y las confirmaciones de las operaciones.
Ese análisis permitió detectar modificaciones manuales en registros y archivos después de que hubieran pasado por los controles reglamentarios y antes de ser enviados al banco. Según la investigación, algunos valores eran posteriormente restituidos a su estado original, de modo que los montos adicionales no quedaran reflejados en los recibos de haberes.
La maniobra no habría afectado de manera general al sistema de liquidaciones, sino que se habría concentrado en determinados beneficiarios que recibían acreditaciones de manera reiterada. Los pagos cuestionados se incorporaban al proceso mensual mediante el cual se liquidan los haberes de más de 24.000 personas, junto con las remuneraciones correspondientes.
Uno de los principales puntos de la investigación está relacionado con cuatro personas que no tenían vínculo con la Armada y que, según el informe, recibieron en conjunto 184 acreditaciones por $434.200.718,04. Ese monto representa el 44,25% del total denunciado. Los beneficiarios identificados son María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia.
Entre ellos, Prieto recibió $152.259.495,86. La mujer es cónyuge de Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista durante el período analizado.
En el marco de la investigación, Atanasoff habría reconocido que conocía las acreditaciones y que las realizaba manualmente. También habría señalado que decidía personalmente tanto las personas que recibían los pagos como los montos correspondientes, con el objetivo de favorecerlas económicamente. Según su declaración, ninguna otra persona intervenía en esas decisiones, un aspecto que, de acuerdo con la denuncia, coincide con los registros examinados.
La revisión alcanzó además a personas que sí tenían vinculación con la Armada. Roberto Eduardo Castro habría cobrado simultáneamente haberes en el exterior y en Argentina, pese a que el sistema contemplaba su exclusión automática del pago local.
También se detectaron pagos vinculados con Luana Magalí Piedigrossi, pareja de Castro, quien habría recibido acreditaciones durante un período de licencia sin goce de sueldo. Estos casos deberán ser analizados individualmente por la Justicia para determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades.
Hasta el momento de presentar la denuncia, se habían recuperado $42.574.267,63. De acuerdo con los cálculos incorporados al expediente, permanecía pendiente de recuperar un total de $938.574.300,25. La devolución de parte de los fondos no modificó el monto total incluido en la denuncia.
Frente a las irregularidades detectadas, la Armada dispuso nuevas medidas de control. Entre ellas se encuentra la separación de las funciones vinculadas con la liquidación, el pago y la conciliación de haberes, además del relevamiento preventivo de Atanasoff y el resguardo de los equipos y archivos relacionados con las operaciones.
Desde el Ministerio de Defensa se señaló que la administración de los recursos públicos constituye una obligación central y que se adoptarán las medidas necesarias para determinar las responsabilidades que correspondan. La investigación judicial deberá ahora avanzar sobre la documentación y las pruebas necesarias para establecer cómo se realizaron los pagos y quiénes intervinieron en las operaciones.
